25 de Febrero, 2014.
Ejes para la reforma penitenciaria.
La Procuración Penitenciaria de la Nación entiende necesario someter a discusión cuanto antes una posible reforma de la legislación penitenciaria. La iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos coincide con las múltiples acciones de este organismo para concebir a la gestión penitenciaria en torno a la protección de los derechos humanos de las personas detenidas como eje de la intervención estatal y ratifica la necesidad de una insoslayable redefinición de la legislación en esta clave.
El proceso de reforma anunciado reclama legitimidad y ello exige ampliar la escucha y otorgar un espacio privilegiado a la voz de los destinatarios directos del poder penal. Además, otras consultas con múltiples participantes han decantado ya en varios proyectos de ley vigentes y esa experiencia también debería recuperarse para nutrir el proceso actual. Sería estéril comenzar de cero, sin cosechar el reclamo y el esfuerzo que muchos han hecho ya.
El fondo de la discusión es desafiante ya que una ley para un “nuevo paradigma penitenciario” puede ser concebida de muchas maneras. En lo fundamental, sin embargo, algunos ejes son irrenunciables en una revisión democrática del entramado normativo de la ejecución penal y ellos constituyen el núcleo de la preocupación de la Procuración en este momento.
En primer lugar, la función penitenciaria debe abandonar definitivamente el perfil militarizado y vertical de la defensa nacional todavía impreso por las normas de facto que, a pesar de las décadas de democracia, aún regulan la gestión. La función penal y, con ella, el de las agencias a cargo de su implementación, debe concebirse como una tarea profesional, especializada en la intervención sobre la persona objeto de una medida penal, sus derechos y sus relaciones con el conjunto de la sociedad. Debemos dejar atrás la idea de una fuerza limitada al aseguramiento de centros de detención como nota distintiva, única y excluyente de la intervención penal y postulamos, en cambio, pensar en torno al valor del respeto a la ley.
La reforma legislativa, asimismo, debe partir de un debate honesto, informado y amplio respecto de los dispositivos vigentes. Nuestro sistema y los lugares de detención están fuertemente asociados a una alta vulnerabilidad de derechos. El sistema actual, causa, propicia, condiciona, tolera u omite prevenir la muerte, la tortura, el hacinamiento, el desarraigo, la humillación, la enfermedad, el analfabetismo, la corrupción, la precarización laboral y el deterioro de la familia y la cultura. Son demasiadas afectaciones, demasiado dolorosas, para expresar el reproche frente a actos que la sociedad condena. La reacción frente las conductas prohibidas debe reconducirse, de una vez, a vías incruentas, como manda la Constitución.
En tercer lugar, la discusión debe abrazar decididamente el debate acerca de las posibilidades y recursos de un estado de derecho, en todas sus manifestaciones. Es urgente la revisión del estatuto del personal, de modo de darle un corte profesional y democrático y dotarlo de las protecciones laborales que corresponden a un trabajador público en una función sensible, pero también debemos revisar las demás pautas, recursos y servicios necesarios frente a la promesa de una gestión profesional. Contamos con cárceles en zonas remotas, en los antiguos distritos federales, y el plan de obras fijado por decreto en 2013 ha sido largamente desbordado por los hechos. La CABA, por caso, no cuenta con infraestructura propia y las mega-construcciones en uso son una opción arquitectónica muy disputable. Las previsiones para traslados, contables, educativas, de salud, de comunicaciones, también merecen debate. No aseguraremos nunca una gestión profesional en edificios indignos, alejados, sin teléfono ni servicios médicos adecuados y peor aún, poco transparentes y reticentes a los controles.
En definitiva, coincidimos en la necesidad de reformar lo penitenciario, pero en esa búsqueda, creemos insoslayable asegurar un marco de indisputable calidad democrática para el camino que se emprenda. Poner a la persona humana en el centro de la escena, asumir un compromiso franco con la discusión y con quienes han trabajado en iniciativas previas y asumir que la progresividad en la protección de derechos humanos no solo exige mejores intervenciones en la gestión penal, sino, sobre todo, intervenciones alternativas más inteligentes y menos dolorosas. No podemos contentarnos con mejorar la administración de un castigo sino mejoramos genuinamente también la calidad de nuestra repuesta social frente al quiebre de la ley penal. Este cambio genuino, entre nosotros, hoy implica necesaria y dolorosamente un compromiso ecuménico para reducir la muerte, la tortura, la violencia y la desprotección de nuestro sistema penal.