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Centro de denuncias

La Procuración Penitenciaria tiene como misión fundamental la protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Nuestro trabajo se basa fundamentalmente en las visitas de inspección y monitoreos en los espacios de encierro, entrevistas con las personas detenidas, familiares, como también con funcionarios y organizaciones de la sociedad civil.

A la vez que se reciben llamados al Centro de Denuncias, en el que un grupo de profesionales de gran compromiso y sensibilidad, mediante una escucha atenta brinda el asesoramiento y la orientación necesaria para cada demanda.

En este excepcional contexto de Pandemia por el Covid-19, se ha tenido que reducir nuestra presencia en los penales como medida de cuidado para evitar una posible propagación del virus.

Sin embargo, es imprescindible no disminuir el monitoreo y control de estos espacios de detencion para evitar situaciones de vulneración de derechos o abusos de poder.

Por ello hemos puesto nuestros esfuerzos para ampliar y reforzar nuestros canales de comunicación tanto con las personas privadas de libertad como con sus familias.

Además de aumentar la cantidad de líneas telefónicas, se han habilitado nuevas vías de contacto para que sea de fácil acceso la comunicación con nosotros.

A continuación, te dejamos todas las opciones para que nos hagas llegar tus denuncias, consultas o reclamos.

 

Contactos:

De lunes a viernes / de 9 a 15 horas.

0800-333-9736 (línea gratuita)

 

O completá el siguiente formulario y te responderemos a la brevedad:

Formulario Centro de Denuncias

 

Datos de la persona denunciante

Datos de la persona privada de libertad

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ÁREAS Y ORGANIGRAMA


Información Institucional

La Procuración Penitenciaría de la Nación es un organismo oficial en el ámbito del Poder Legislativo creado mediante la Ley 25.875 y dotado de plena autonomía e independencia. Tiene la misión de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en jurisdicción federal, incluyendo comisarias, alcaidías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de la libertad, y de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos provinciales.

Desde la promulgación de la Ley 26.827 en el año 2013, la PPN forma parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, cumpliendo las funciones de mecanismo de prevención de la tortura en “todos los lugares de detención dependientes de autoridad nacional y federal” (art. 32)


Historia

La Procuración Penitenciaria fue creada inicialmente por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto Nº 1598 del 29 de julio de 1993, con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad dentro del régimen penitenciario federal.

Con la promulgación de la Ley 25.875 en enero del 2004, la PPN se inserta en el ámbito del poder legislativo y asume plena independencia y autonomía funcional, manteniendo su objetivo fundacional: proteger los derechos de las personas privadas de libertad.

En el año 2004 la República Argentina ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes de Naciones Unidas, conocido por sus siglas en inglés como OPCAT, tratado internacional que complementa la convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. El Protocolo Facultativo tiene el mandato de creación de “mecanismos nacionales para la prevención de la tortura” en cada uno de los estados parte.

En el año 2013, en cumplimiento de este mandato se promulgó la Ley 26.827, instituyendo el “Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Malos Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Dicho sistema está conformado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Consejo Federal de Mecanismos locales, la Procuración Penitenciaria de la Nación y los órganos provinciales creados o a crearse denominados “Mecanismos Locales”.

Como integrantes que forma parte la PPN colabora y complementa sus acciones con los organismos del sistema nacional, con el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), con el Comité contra la Tortura (CAT) y con otros organismos internacionales y regionales de derechos humanos.


Nuestra Tarea

Desde el año 2008, la PPN puso en marcha una estrategia de intervención expresamente basada en las disposiciones de la OPCAT. Adecuó sus intervenciones a ese instrumento, a las recomendaciones del SPT y a otros documentos internacionales sobre derechos humanos, incluido el Protocolo de Estambul y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos contenidas en nuestra Constitución Nacional.

La PPN desarrolla distintas líneas de trabajo en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad especialmente dirigidas a la prevención de la TORTURA Y LOS MALOS TRATOS. Organiza su trabajo en EJES TEMATICOS con un enfoque respetuoso de los derechos humanos, detectando los problemas más relevantes de la realidad carcelaria.

En torno a cada uno de esos ejes, se implementan modalidades de intervención que instrumenta el organismo como las VISITAS y monitoreo a los LUGARES DE DETENCION; el registro, análisis y documentación de los hechos y situaciones de violencia y su denuncia ante la justicia con el consentimiento de la víctima; el registro de las condiciones materiales de detención; la interposición de PRESENTACIONES JUDICIALES como habeas corpus, amicus coriae, querellas; la formulación de RECOMENDACIONES y otros pronunciamientos a las autoridades nacionales; la participación en mesas de diálogo, foros y audiencias; la realización de PROYECTOS LEGISLATIVOS; elaboración y publicación de informes, ESTADÍSTICAS e INVESTIGACIONES en materia carcelaria, entre otras.

El trabajo prioritario de la PPN, y su misión institucional, es visibilizar la realidad que viven las personas privadas de libertad, identificar las causas sistémicas de vulneración a los derechos humanos, promover la erradicación de las prácticas de tortura y trabajar para producir cambios en las condiciones del encierro, contribuyendo de ese modo a una sociedad más justa y a un estado más democrático.

A su vez, desde el año 2015 la PPN ha desarrollado una estrategia de intervención dirigida a prevenir los malos tratos y la violencia entre las personas privadas de libertad a través de un programa innovador. Esta tarea, esencialmente preventiva, se enmarca en una perspectiva de JUSTICIA RESTAURATIVA.