16 de Mayo, 2018.

Se realizó un informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBT+ Privadas de la Libertad en América” relativo a la audiencia temática dentro del 168º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El pasado 8 de mayo la Red Internacional “Corpora en libertad” disertó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exponiendo la situación de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans+ (LGBT+) privadas de libertad en las Américas. La PPN como representante de Argentina, aportó información tanto sobre las principales formas de violencia y discriminación que sufre este colectivo en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal como sobre las buenas prácticas institucionales vinculadas al reconocimiento de derechos.

La delegación de Corpora en Liberad presentó un diagnóstico regional sobre las principales problemáticas que enfrenta este colectivo en prisión, enfatizando las formas de violencia, el acceso de la salud integral y las buenas prácticas. En términos generales se planteó que en América, las personas LGBT+ privadas de libertad enfrentan altos índices de violencia, discriminación y exclusión. Los  derechos tienden a ser desconocidos y su paso por los centros penitenciarios no satisface las garantías mínimas de vida digna. Asimismo, se denunció que las normas que regulan los sistemas penitenciarios y de detención en la región responden a patrones heterocisnormativos que ignoran los derechos, identidades y necesidades particulares de las personas LGBT+.

Dada la precaria situación de las personas LGBT+ privadas de la libertad en América, se solicitó que se inicie un diálogo profundo con la Comisión para visibilizar las dimensiones problemáticas y poder establecer agendas de trabajo y cooperación conjunta y garantizar los derechos fundamentales de este colectivo en nuestra región.

En el documento presentado ante la audiencia se solicitó más puntualmente:

 1. Que la Comisión Interamericana incluya de manera permanente y transversal en su agenda temática y geográfica, la atención a la situación que enfrentan las personas LGBT privadas de la libertad en América, y que este monitoreo sea reflejado en la producción de insumos anuales por parte de este órgano; 

 2. Que la CIDH  trabaje con los Estados Miembros de la OEA, y los pares en las Naciones Unidas para que los Modelos de Gestión Penitenciaria incluyan estándares mínimos de reconocimiento de la identidad de género a las personas PPL que contemplen:

• 1ro. el reconocimiento legal de la identidad voluntaria en toda la documentación de identidad tramitada a lo interno del Sistema Penitenciario;
• 2do. que la ubicación física dentro del sistema sea en respeto y validación de la voluntad de la persona;
• 3ro. que se garantice el acceso a elementos para la construcción de la identidad;
• 4to. Que se garantice la libre expresión de la identidad mediante el uso de prendas de vestir acorde a la identidad de género;
• 5to. que se garantice el acceso integral a la salud, incluyendo tratamientos de reafirmación como hormonas; y
• 6to. se garantice el acceso a la visita familiar e íntima sin discriminación. Entendiendo como familia no sólo las relaciones consanguíneas, sino también las amistades y/o familia extendida. 

Esto debe ser extensivo a todos los centro de privación de libertad se encuentren estos o no bajo la modalidad de la privatización. 

3. Que la CIDH inste a los Estados de la región a adoptar las medidas legislativas, administrativas y/o de cualquier otra índole que sean vinculantes y de naturaleza permanente, para que en los centros de privación de libertad se prevenga y proporcione protección ante la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, perpetrado por razones relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de género -real o percibida- de la persona, así como la incitación de tales actos;

 4. Que la CIDH inste a los Estados de la región a garantizar el acceso de organizaciones de sociedad civil a los centros de privación de la libertad para coadyuvar al cumplimiento de los estándares mínimos requeridos para el respeto de los derechos de las personas LGBT privadas de la libertad y a los objetivos de la reinserción.

  5. Que la CIDH inste a los Estados de la región a la capacitación técnica y sensibilización del personal de los centros de privación de libertad en temas de orientación sexual, identidad de género, identidades no normativas y diversidad. Estas capacitaciones deberían ser coordinadas en conjunto con organizaciones de sociedad civil, y en aquellos casos donde éstas las provean, sean apoyadas con recursos públicos.

 6. Que la CIDH inste a los Estados de la región a la adopción de procesos disciplinarios transparentes, que respeten el debido proceso, donde los funcionarios no funjan como “juez y parte”, y las organizaciones de la sociedad civil puedan fungir como observadores.