30 de Octubre, 2018.
En los últimos días ha tomado público conocimiento a través de una noticia publicada en un medio digital, la terrible situación vivenciada por una joven mujer de nacionalidad boliviana, detenida en el CPF III Güemes, provincia de Salta.
El caso demuestra que esta joven mujer, habría sido captada y utilizada como último eslabón de una cadena de tráfico de estupefacientes, a cambio de dinero. Ciertamente, referidos recursos económicos eran indispensables para solventar el tratamiento de quimioterapia que precisaba su pequeño hijo enfermo de cáncer.
Su detención, no solo implicó la imposibilidad de brindar el tratamiento que la salud de su hijo requería sino también la forzosa separación de ambos en un momento sumamente doloroso.
A partir de esta situación de extrema vulnerabilidad, este organismo acompañando la labor de la Defensa Pública Oficial de la detenida, solicitó se autorice su egreso del territorio nacional para poder estar junto a su hijo en sus últimos momentos. Dicho pedido exitoso, permitió que el pequeño estuviese junto a su madre en sus últimos 4 días de vida, ya que el día 19 de octubre falleció.
Esta triste realidad, llevó a que nuevamente este organismo se plantease como promover la defensa de los derechos de esta joven mujer detenida. Así pues, se presentó ante la justicia un escrito en calidad de amigo del Tribunal, solicitando el sobreseimiento de la detenida, en virtud del artículo 336 inc. 5 del CPPN. Referida solicitud se fundó en la convicción de que es necesario agotar los recursos y argumentos para pedir en el marco de un proceso penal, que el castigo sea razonable y no supere la expectativa de una sociedad en mantener el orden público.
En el entendimiento de que otras resoluciones son posibles de adoptar al enfrentarnos a un caso de excepcionalidad en virtud de la alta vulnerabilidad que atraviesa a esta mujer, este organismo espera una pronta resolución en este sentido.
En tanto, en las últimas horas el Juez que entiende en la causa excarceló a Claudia, quien deberá presentarse cada 30 días ante la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia.