Un proyecto de ley presentado por diputados nacionales propone que cuando una persona privada de su libertad sufra lesiones graves o cualquier otro padecimiento análogo o se produzca su muerte, se presumirá la falta de servicio, salvo prueba de lo contrario. 

La propuesta presentada, avanza en el sentido de invertir la carga de la prueba sobre la falta de servicio, en supuestos particularmente graves, obligando al Estado a acreditar que sus representantes han cumplido regularmente con sus obligaciones. De esta forma, se pretende mejorar las posibilidades de éxito de las demandas civiles por falta de servicio en contextos de encierro para garantizar la reparación de situaciones manifiestamente injustas y prevenir la impunidad del accionar estatal.