15 de Mayo, 2020.
El departamento de investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación viene trabajando la cuestión condenatoria y ha avanzado en la descripción de la evolución creciente de las penas de hasta tres años de cumplimiento efectivo realizando un informe que aporta como un insumo fundamental en la actual situación de emergencia sanitaria.
En este trabajo, se compilan reportes de procesamiento en base a información pública del Servicio Penitenciario Federal producidos en el transcurso de abril con fines de aportar a la evaluación de la situación carcelaria en el marco de la coyuntura planteada por la pandemia de COVD-19
Desde hace tiempo, la Procuración Penitenciaria de la Nación avanza sobre la descripción de la evolución creciente de las penas de hasta tres años de cumplimiento efectivo, tema que, ante la actual situaciòn de crisis, ha sido planteado por la reciente acordada 5/2020 de la Cámara Nacional de Casación Penal.
El documento resalta que en la actual coyuntura, la producción de egresos de las cárceles (sea por la aplicación de penas alternativas o libertades) tiene como fin no sólo preservar a las personas implicadas sino fundamentalmente generar condiciones para afrontar la expansión del COVID-19 en el ámbito carcelario garantizando el derecho a la salud y la vida de las personas encarceladas. En tal sentido se brindan datos de la unidad 19 (colonia penal de Ezeiza) como ejemplo categórico de posibles medidas para la disposición de espacios como lugares sanitarios a fin de afrontar las próximas etapas de propagación de la pandemia.
El informe detalla también la evolución de las penas cortas entre los años 2005 y 2019, siendo esta una tendencia de encarcelamiento creciente, particularmente entre las personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal. El mismo contiene un reporte sobre el total de personas encarceladas en el SPF y de complejos penitenciarios y unidades de la zona metropolitana y del interior del país.