15 de Marzo, 2021.
La Procuración Penitenciaria de la Nación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile mantuvieron una nueva jornada de trabajo virtual.
El pasado viernes se llevó a cabo un nuevo encuentro con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Se compartió la experiencia de la PPN respecto al “Protocolo para la implementación del Resguardo de persona en Situación de Especial Vulnerabilidad”, sus antecedentes, instrumentos de actuación y estado de situación donde hubo espacios para preguntas y observaciones por parte del INDH.
El Protocolo de mención se origina a partir de mesa de diálogo integrada por la Defensoría General de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal y la PPN en el marco una acción de habeas corpus colectivo del año 2010 en favor de los detenidos afectados con resguardo alojados en el pabellón G de la UR de Ingreso del CPF I de Ezeiza debido al régimen de aislamiento permanente al que eran sometidos.
El instrumento define la medida de resguardo y establece las responsabilidades y obligaciones del SPF para el correcto desarrollo del Resguardo. La reglamentación entró en vigor en el mes de abril de 2013, luego de ser aprobada por la autoridad penitenciaria, publicada en el Boletín Publico Normativo del Servicio Penitenciario Federal Argentino Nº 500 y homologada por el juzgado interviniente.
De esta manera, se piensa en un protocolo con lineamientos internacionales para que cualquier mecanismo de control de fuerzas de seguridad pueda tener en cuenta en momentos de la detección de situaciones de aislamiento.
En esta oportunidad, participaron por el INDH: la Coordinadora de Denuncias, Marlenne Velásquez y la Coordinadora de Condiciones Carcelarias, María Daniela Lara. Por la PPN, la Directora del Observatorio de Cárceles Federales, Marta Monclús; la asesora del Área de Auditoria, Soledad Ballesteros; y la asesora de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, Julieta Reyes.
La Procuración Penitenciaria de la Nación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile trabajan conjuntamente desde el año 2016 buscando contribuir al desarrollo de capacidades técnicas para ambas instituciones vinculadas a las condiciones de detención en sistemas penitenciarios para promover buenas prácticas en la protección y prevención de los derechos humanos.