12 de Mayo, 2021.

El Departamento de Investigaciones de la PPN publica un nuevo informe con datos sobre la detención de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, por resolución judicial, fueron posteriormente alojadas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad durante el 2020.

El Documento, denominado “Informe sobre las detenciones policiales-judiciales con alojamiento en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad durante 2020”, sistematiza información a partir de fuentes secundarias –en este caso, listados enviados por la Mesa Operativa de la División Alcaidías de la Policía de la Ciudad (PCABA). Y fue producido en el marco del Programa técnico de construcción y análisis de la información a partir de fuentes secundarias del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación con la colaboración del Área de Centros de Detención No Penitenciarios, que gestiona los listados de información administrativa elaborados por la agencia policial.

Destacamos que, debido a que la información del documento se produce con listados de detenciones remitidos por la División de Alcaidías de la Policía de la Ciudad, no incluye la totalidad de las detenciones en la CABA –las cuales, de acuerdo a un informe de abril de 2021 de la Subsecretaría de Seguridad Comunal e Investigación Criminal de la Secretaria de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, fueron 29.520 para 2020–, sino únicamente aquellas que registran una medida posterior de encierro/alojamiento en comisarías y/o alcaidías de la Policía de la Ciudad.

Del análisis de los listados remitidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es posible realizar, entre otros, los siguientes señalamientos:

• Durante 2020 se registraron 17.384 detenciones policiales de personas mayores de 18 años derivadas por decisión judicial a comisarías y alcaidías de la PCABA para su alojamiento.
• El motivo principal de intervención policial –con detención y posterior alojamiento en comisarías y alcaidías – fue por delitos contra la propiedad, de los cuales se registraron 8.134 casos, el 44,3% de las detenciones totales. Le siguen las detenciones por delitos contra las personas con 2.360 detenciones, el 12,9% del total. En tercer lugar, se encuentran las detenciones por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) con 1.314 casos, el 7,2% del total; y, en cuarto lugar, con 1.175 casos, se encuentran las detenciones por violar la Ley 23.737 denominada Ley de Drogas, representando el 6,4% del total –mientras que en el informe de la Subsecretaría de Seguridad Comunal e Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad las detenciones totales este tipo de delito representaron el 30,76% en 2020.
• Se detuvo población mayoritariamente joven: las personas de hasta 30 años de edad superaron el 50% de los casos, constituyendo el grupo etario de 18 a 20 años el 10,3%, con un total de 1.781 detenciones con alojamiento.
• El 88,7% de las personas detenidas y alojadas en dependencias de la PCABA fueron de género masculino.
• En un 79,2% la nacionalidad de quienes ingresaban a las comisarías o alcaidías era argentina.
• El 80,7% eran residentes de CABA y casi el 11% del total se encontraba en situación de calle.
• Casi el 99,1% de las detenciones derivadas a dependencias de la Policía de la Ciudad fueron realizadas por esa fuerza policial. El 90,5% fueron hechas por la Superintendencia de Seguridad Comunitaria Metropolitana.
• Se registró el alojamiento de personas en 16 alcaidías de la Policía de la Ciudad, cinco de las cuales fueron habilitadas durante el 2020 a raíz de la necesidad de alojamiento surgida del contexto. Asimismo, se rehabilitó el alojamiento en comisarías vecinales, cuyos calabozos habían sido clausurados a partir de la construcción de las nuevas alcaidías.
• Se registró la producción de pésimas condiciones materiales, sobrepoblación y hacinamiento llegando a alojar 537 personas en establecimientos cuyo cupo máximo de ocupación es de 130.

La permanencia en dependencias policiales de personas en carácter de detenidas, con prisión preventiva y/o condenadas, excediendo el tiempo máximo de permanencia estipulado en 72 horas se debió principalmente a que, aduciendo como motivo la pandemia de Covid-19, el Servicio Penitenciario Federal suspendió la admisión de detenidos y detenidas a las alcaidías bajo su competencia.

Como resultado de lo expuesto, la Procuración Penitenciaria de la Nación afirma que nuevamente el Estado –en su dimensión gubernamental tanto nacional como local– no sólo no garantiza un adecuado alojamiento para las personas detenidas en las dependencias policiales, sino que repite y agrava exponencialmente las problemáticas registradas de manera sistemática en el sistema penitenciario: sobrepoblación, pésimas condiciones materiales, deficiente alimentación, falta o deficiente asistencia de la salud, agresiones físicas, entre otras, las cuales se producen en el marco de una situación de excepción producto de la pandemia de Covid-19 que invisibiliza la problemática y profundiza la vulneración de las personas más marginalizadas del espacio urbano.