Una persona privada de libertad fue notificada de una sanción disciplinaria pero, al ser analfabeta, se vio impedida de hacer el descargo a que tiene derecho. A raíz de esto, y con el plazo que fija la ley vencido, su abogado defensor planteó ante el Tribunal Oral Federal nro. 1 que la forma en que el recluso fue notificado violenta el derecho a la defensa. 

El caso llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal, y la Sala IV resolvió en la causa nro. 13.760 hacer lugar al reclamo y anular la decisión de primera instancia. Asimismo, dispuso que cada vez que exista sanción a un detenido analfabeto, se notifique no solo al afectado, sino también a los abogados de la defensa.
A partir de este fallo, la PPN realizó una recomendación al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, quien mediante la resolución nro. 1.303/2012  instruyó a todos los Directores de Unidades y Complejos del SPF para que al momento de instruir actuaciones disciplinarias a personas privadas de libertad analfabetas, notifiquen a su defensor a los fines del ejercicio del derecho de defensa. Asimismo, fijó un período de prueba de seis meses para aplicar la misma medida en la Unidad Residencial Nº 3 del CPF I de Ezeiza, a modo de prueba piloto, a los fines de evaluar la factibilidad operativa de extender el procedimiento al universo de alojados.