25 de Marzo, 2014.
El juez federal Daniel Rafecas concluyó que la llamada Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida 1978, donde 65 personas privadas de su libertad en la cárcel de Devoto fueron muertas en el contexto de un cruento incendio bajo disparos del Servicio Penitenciario Federal, conformaba una grave violación a los derechos humanos que impedía cerrar la investigación y exigía justicia.
Esta rotunda conclusión coincide, en lo esencial, con la posición de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que había expresado la necesidad de reabrir y revisar las actuaciones que, en su momento, no garantizaron una investigación exhaustiva y eficaz de los hechos. No sólo por la trascendencia política de estas violaciones impunes sobre la violencia institucional presente, sino porque la construcción de un camino de verdad y justicia es la única senda admisible por el derecho internacional de los derechos humanos.
En otro aspecto de insoslayable atención, la decisión judicial fustigó también los gruesos defectos de la investigación inicial. Ella fue confiada a la propia fuerza implicada, sin control judicial, y, a la postre, consagró la impunidad. De tal forma, como dijo el juez, se buscó “determinar responsabilidades entre los internos” y nunca se consideró con seriedad la responsabilidad del personal del Servicio Penitenciario Federal. La investigación de la Masacre del Pabellón Séptimo, en consecuencia, no solo ilumina la brutalidad del castigo, sino también la existencia de una infraestructura institucional y normativa de la impunidad.
Bajo esta luz, y en el marco del proceso de reforma legal penitenciaria que el Ministro de Justicia ha convocado, la Procuración Penitenciaria entiende crucial atender de modo central a la forma en la que son investigados los abusos y crímenes cometidos al interior de los lugares de detención. La necesidad de que las investigaciones de las violaciones a derechos humanos en prisión sean eficaces, independientes e imparciales es ostensible a la luz del fallo y resulta, todavía hoy, una deuda de la democracia.
La PPN ha venido sosteniendo en diversos foros y actuaciones la absoluta necesidad de erradicar estas prácticas de impunidad asociadas a las investigaciones internas llevadas adelante las propias agencias de seguridad involucradas. Lo ocurrido en 1978, encuentra sus ecos todavía hoy y nos exige todos los involucrados intensificar drásticamente el control civil de la violencia en contextos de encierro.