La Procuración Penitenciaria de la Nación denunció ante la justicia federal de Morón la denigrante condición de encierro de las personas alojadas en retenes y espacios prohibidos en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, en lo que ya constituye una práctica regular y estable.

En el marco de sus acciones de monitoreo continuo de las condiciones de detención la Procuración comprobó durante marzo y abril de este año el sostenido alojamiento irregular de personas en espacios de tránsito, retenes y oficinas, absolutamente inapropiados para tal fin. Esta semana de abril, por caso, entre el retén y sala de espera frente a la celaduría Nº 18 se alojaban 19 personas y en la oficina adyacente al pabellón 8, en el espacio que comúnmente se denomina “la redonda” se hallaban otras cinco personas con medidas de resguardo.

De estos espacios solo el retén contaba con un baño. En el resto, las personas detenidas deben hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas y bandejas plásticas que luego descartan. Todos los espacios carecen de agua corriente, duchas y mobiliario. El retén no cuenta con ventanas al exterior, mientras que en los otros dos espacios existen ventanas mínimas, insuficientes para mantener ventilado el espacio.

Los colchones, de tal forma, se disponen directamente sobre el suelo. Los alojados, además solo reciben una ración de comida al día y no cuentan con elementos de higiene. Para higienizarse los deben reclamar de forma insistente al celador que les permita acceso a un baño. Tampoco tienen acceso a los teléfonos y ninguna de estas personas había podido informar hasta la inspección de la Procuración, de su situación a sus respectivos juzgados y defensores.

Estos espacios se utilizan rotativamente, por lo que la población afectada varía día a día. De acuerdo a las consultas realizadas por la Procuración, la permanencia en estos espacios puede oscilar entre tres semanas y un día, en lo que ya configura una práctica sostenida y denigrante. La mayoría, además, denunció que había sido objeto de tortura o golpes por parte del cuerpo de requisa. Según informó la autoridad penitenciaria en la actualidad el módulo I del CPF II aloja a 430 detenidos pero solo tiene capacidad total para 380 plazas, lo que lejos de justificar o explicar la situación, tiende a confirmar el efectivo empleo de locales no autorizados para la detención y la paupérrima condición del encierro.