13 de Mayo, 2016.
El juez Alberto Baños, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 27, convocó a prestar declaración indagatoria a seis funcionarios del Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”, imputados por el fallecimiento de Diego Iván Borjas a raíz del incendio producido en su celda el 26 de noviembre de 2014.
Los citados son la ex Directora del centro, Lidia González; la ex vice-directora, Luciana Páez; el Inspector de turno, Luis Troche; el Encargado de Guardia Héctor Ruíz; y los empleados de seguridad, Marcelo Humberto Fernández y Eduardo Morales.
La Procuración Penitenciaria, querellante en la causa, había solicitado la citación a indagatoria de los funcionarios imputados, acompañando de este modo, el pedido que previamente formulara la fiscalía interviniente, así como también la querella encabezada por la Defensoría General de la Nación, como patrocinante de la madre de Borjas.
El modo en que se desarrolló el incendio, según las pericias y los testimonios prestados por los testigos del hecho, ha dejado al descubierto numerosas y graves irregularidades en el actuar de los funcionarios a cargo del cuidado de los menores alojados en el Instituto.
El hecho de que el menor fallecido estuviera sancionado en una celda de aislamiento -lo cual se encuentra prohibido por las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, receptadas en la propia normativa de la SENNAF a través de su resolución 991/09-, la falta de notificación de dicha sanción al tribunal a cargo del menor, las condiciones inhumanas de detención, el acceso a elementos para generar fuego por parte de Borjas, la falta de condición ignífuga de los colchones, la ausencia total de personal de seguridad en el lugar del incendio, sumado al hecho de que en ese momento la SENNAF tuviera vedada la entrada de organismos de control a los establecimientos de detención de niños, niñas y adolescentes bajo su dependencia, configuran un conjunto de irregularidades que habrían desencadenado el resultado fatal exigen el esclarecimiento de los hechos a fin de determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos que se encontraban en posición de garantes respecto a los menores allí detenidos.
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