Frente a un considerable número de inscriptos de las ciudades de Olavarría, Tandil, Bolívar, Juárez, Tapalqué, Rauch y Azul, entre los que se encontraban funcionarios del Poder Judicial, miembros del Servicio Penitenciario, coordinadores de los Centros de Educación Universitaria en las Unidades Penitenciarias, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, docentes y estudiantes el Dr. Mauricio Motille responsable del Área de Seguridad y Derechos Humanos del IPPA, se refirió a que la actividad fue producto del Convenio celebrado el pasado 12 de abril entre la Universidad Nacional del Centro (específicamente la Facultad de Derecho) y la Procuración Penitenciaria de la Nación, siendo el IPPA el nexo entre ambas instituciones y quien lleva adelante la coordinación del Seminario junto con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho.
Por su parte el Dr. Cejas Meliare describió la actividad que lleva adelante desde cada una de las áreas que componen la Dirección General a su cargo, teniendo como principal responsabilidad “la organización y el desarrollo de las acciones vinculadas a la protección y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”. Consideró que ciertas acciones del Servicio Penitenciario Federal obstaculizan la tarea del organismo. También remarcó que más del 70 % de las personas privadas de la libertad que se ven afectadas por hechos de violencia institucional aceptan dar su testimonio a la Procuración con reserva de identidad y solo el 21 % prestan consentimiento para realizar la denuncia penal correspondiente.
Por otro lado, la Decana Prof. Laura Giosa brindó las nociones generales acerca del concepto de los Derechos Humanos elaborando junto a todos los asistentes una noción común que se tendrá como base para el resto de los módulos y los Mecanismos de Protección Internacional a los que están sometidos los Estados frente a la vulneración de los derechos de sus nacionales.
Por último, se puso de relieve la importancia que tiene el Seminario, siendo el primer paso para la constitución de un Observatorio de Prisiones en la región centro de la Provincia de Buenos Aires.