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18 de Octubre, 2019.

La semana pasada se publicaron las nuevas estadísticas oficiales sobre la cuestión penitenciaria en Argentina, producidas en el marco del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.

La información recopilada describe cómo se encontraba el escenario del archipiélago carcelario local al 31 de diciembre de 2018. Para esa fecha, en Argentina había 94.883 personas privadas de su libertad (PPL) en prisiones. Si se le agregan las alojadas en comisarías y otros espacios de encierro, el número alcanza un total de 103.209 personas presas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.

De un año a otro la cifra de presos y presas creció, en términos absolutos, en casi 10.000 personas. Allí se evidencia un aumento proporcional similar en los servicios penitenciarios de las jurisdicciones con mayor cantidad de detenidos.

Lo que provoca mayor preocupación son las cifras alcanzadas por la tasa de encarcelamiento (PPL cada 100.000 habitantes), que resulta el indicador más adecuado a la hora de analizar la evolución del fenómeno del encarcelamiento en un país o región. Para 2018 la tasa de encarcelamiento de Argentina era de 213, y ubicaba al país en una situación notablemente más grave que la de otros de la región, como Paraguay, Venezuela o México, que presentan cifras más moderadas.

Además de la preocupante situación de Argentina en el escenario regional, otro dato resulta de especial alarma: durante los últimos años la punitividad se intensificó de forma significativa. Mientras que entre 2008 y 2016 la tasa de encarcelamiento crecía con un promedio del 3% anual, desde 2017 se verifican incrementos superiores al 10%, lo que ocurrió nuevamente durante 2018.   

Fuente: Elaboración propia en base a SNEEP 2018

En simultáneo se observa la persistencia de dos fenómenos singulares y recientes: por un lado, las personas con condena firme siguen superando, aunque por muy poco, a aquellas procesadas. Sin embargo, esta sutil mayoría del 53% no ha logrado disminuir la utilización sistemática de la prisión preventiva, que representa la situación procesal de la otra mitad de los detenidos/as. La persistencia de los presos/as preventivos/as debe ser comprendida como un rasgo del mal funcionamiento del sistema penal argentino y del sistemático incumplimiento de las garantías constitucionales. Pero, además, se trata de un fenómeno que requiere urgente intervención, en especial en el actual contexto de Emergencia en Materia Penitenciaria, recientemente declarada por el Ministerio de Justicia y DDHH.

En segundo lugar, las estadísticas oficiales confirman que la persecución penal se ha concentrado en los eslabones más débiles de las estructuras delictivas. Por tercer año consecutivo, las personas encarceladas por delitos vinculados con estupefacientes se han mantenido en segundo lugar de frecuencia (16% del total de PPL), sólo superadas por los delitos contra la propiedad privada como robos y hurtos. La vulnerabilidad de estas personas se expresa al observar las penas que reciben: en promedio, son condenados a seis años de prisión, lo que demuestra que la persecución penal lejos de orientarse en los responsables del narcotráfico se focaliza sobre “mulitas” o personas que realizan tareas de menor relevancia en la cadena de responsabilidad, como aquellas que transportan o comercializan estupefacientes a pequeña escala.

Las estadísticas oficiales señalan, también, que las principales y peores características del encierro se han mantenido inalterables: las PPL continúan siendo jóvenes (más del 60% tiene menos de 33 años), de sectores educativos y económicos de alta vulnerabilidad (67% sólo alcanzó los estudios primarios, el 43% no tenía trabajo al momento de la detención y el 39% trabajaba de forma precaria) y durante su experiencia en el encierro, la mayoría no accede a los pilares básicos de la resocialización: el 51% no asiste a educación; y el 77% no realiza ningún tipo de actividad laboral o de formación. La producción de muerte en contextos de encierro no cede, con 266 fallecimientos durante 2018. El panorama se agrava al analizar los datos oficiales a la luz de la información ofrecida por los organismos de DDHH acerca de las paupérrimas condiciones materiales de las prisiones y centros no penitenciarios.

En resumen: en la actualidad el panorama argentino en materia de encierro es desolador. Cada vez más personas presas dentro de un sistema que no garantiza en muchos casos derechos mínimos, condiciones básicas de alojamiento ni salubridad. La sobrepoblación no ha cesado de crecer en la enorme mayoría de los servicios penitenciarios provinciales y el federal, y continúa haciéndolo, aún en contexto de emergencia. 

En este escenario es que la PPN reitera la alerta sobre el incremento del encarcelamiento y cuestiona seriamente su capacidad para solucionar o generar intervenciones positivas respecto de los problemas de inseguridad urbana. Por el contrario, es urgente reforzar el compromiso con los derechos humanos de las personas presas y abogar por la reducción de la punitividad y la selectividad penal que tiene por blanco a los y las más vulnerables.

Considerando muy especialmente el escenario de emergencia en materia penitenciaria que atraviesa Argentina, esta Procuración insiste en señalar que sin políticas criminales y penitenciarias con perspectiva democrática orientadas al descenso de los actuales índices de encarcelamiento, difícilmente se logre reducir la sobrepoblación, el hacinamiento y el resto de los graves fenómenos derivados con directo impacto en la vida de las más de 100.000 personas privadas de su libertad.

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