25 de noviembre, 2017.

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos encuentra ante un contexto nacional marcado por el aumento sostenido del encarcelamiento de mujeres a nivel federal. 

Como hemos señalado en reiteradas oportunidades, el SPF enfrenta desde hace varios años una situación de sobrepoblación que, en el último periodo, impactó de manera particular a la población de mujeres y personas trans. Este fenómeno inflacionario acentuó las problemáticas de alojamiento al interior de los penales, a través del hacinamiento y el aumento de la violencia institucional.

En este sentido, en el primer semestre del corriente año, esta Procuración ha alcanzado a registrar 47 casos de tortura y malos tratos perpetrados por el SPF contra mujeres y personas trans detenidxs. Estos hechos se suman a una tendencia ascendente del fenómeno que ha podido ser visibilizado por este organismo en los últimos años.

Esto último debe insertarse dentro de un conjunto de prácticas que implican a su vez otras formas de violencia, ya sea simbólica, sexual o psicológica. La aplicación de requisas vejatorias, la utilización de los espacios de salud mental como formas de castigo, sumado al uso desregulado de medicación psiquiátrica, entre otros factores, da cuenta de las experiencias que se inscriben en los cuerpos de las mujeres y que marcan su tránsito por estos dispositivos de encierro.

Son mujeres criminalizadas de manera desproporcionada por delitos vinculados a redes transnacionales de droga, trata y explotación, cuyo rol como último eslabón dentro de la cadena resulta menor frente al reproche social y penal impuesto.

Frente a este escenario, es importante fomentar el acceso a medidas alternativas a las penas privativas de la libertad, así como garantizar el cumplimiento de la ley de arresto domiciliario para mujeres embarazadas y/o con hijos e hijas a cargo, lo cual debe estar acompañado y apoyado sobre una política que permita el sustento económico de todo el grupo familiar.

Desde esta Procuración retomamos entonces nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres detenidas, así como también continuamos alertando y denunciando las prácticas que perpetúan el ejercicio de la violencia institucional y la disccriminacion por razón de género desplegados dentro de nuestros sistemas penal y penitenciario.