21 de febrero, 2018
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirma el procesamiento de dos agentes penitenciarios por la comisión del delito de apremios ilegales y destaca la labor de la PPN en la denuncia de las prácticas sistemáticas de hechos de malos tratos y tortura en cárceles federales.
El Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora resolvió decretar los procesamientos de dos agentes penitenciarios y sobreseer a uno de ellos, tras una denuncia realizada por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría Oficial por las agresiones físicas calificadas como apremios ilegales contra un detenido alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
El 14 de Diciembre de 2017 la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata resolvió confirmar la resolución apelada y asimismo ordenó una serie de medidas a fin de garantizar la seguridad e integridad física del denunciante.
Entre los argumentos vertidos por los magistrados para llegar a la decisión, se considera que se encuentran acreditadas las lesiones infligidas al detenido –las cuales fueron corroboradas oportunamente tanto por el Cuerpo Médico Forense como así también a través del informe médico presentado por este organismo y la posterior declaración testimonial del médico de la PPN y la producción de éstas dentro de la custodia directa de los imputados quienes por su función tenían el pleno control, acceso y dominio sobre los lugares en donde se produjeron las lesiones.
Por otra parte, la Cámara destaca la labor realizada a lo largo de estos años por la Procuración Penitenciaria de la Nación en cuanto a las denuncias y relevamiento de prácticas sistemáticas de hechos de tortura y malos tratos producidos en cárceles federales. Es así, que en su voto, el Juez Álvarez expone que: “(…) resulta de gran ayuda el aporte efectuado por la Procuración Penitenciaria Nacional que ha incluido este fenómeno como una línea de trabajo prioritaria en los últimos años, destacando la sistematicidad de las prácticas de tortura y los malos tratos como el problema más grave que condiciona la vigencia de los derechos humanos en las cárceles de nuestro país”. El abordaje de esta cuestión fue establecido como eje prioritario de atención de este Organismo en el año 2007, coincidiendo con la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas y la obligación de la Argentina de designar su Mecanismo Nacional de Prevención. En el informe del año 2014, se señala como un logro fundamental, la aceptación pacífica de la existencia de prácticas sistemáticas de tortura también en cárceles federales, observando que hasta el 2007 imperaba la idea de que la tortura estaba muy extendida en algunas jurisdicciones provinciales pero en el Servicio Penitenciario Federal era una práctica más esporádica. Sin embargo a partir de las investigaciones e informes de la Procuración Penitenciaria Nacional, se negó en forma contundente aquella versión, demostrando la sistematicidad de estas prácticas de represión estatal en el ámbito federal, diagnóstico que en la actualidad es compartido por todos los organismos y actores que trabajan en la prevención de la tortura.”.