08 de Junio, 2018.
En las cárceles argentinas, desde el año 2015, se observa un incremento en la cantidad de mujeres detenidas, en su mayoría acusadas de delitos vinculados al transporte y comercialización de drogas ilegales.
La situación de encierro vulnera aún más los derechos de las mujeres especialmente los relacionados a la salud mental. En el Informe Anual de la Procuración Penitenciaria del año 2016 se explica que la mayoría de las demandas realizadas por las privadas de libertad tenían relación con la atención médica en general y la aplicación abusiva de medicación inyectable en particular.
La violencia ejercida en las instituciones penales no solamente se manifiesta mediante la acción represiva directa, sino también a través de la medicalización acompañada en distintas ocasiones por encierro psiquiátrico. En muchos casos la medicalización no se condice con ningún diagnóstico de salud mental.
En este marco, de las 1265 víctimas de malos tratos y torturas, 81 son mujeres. La situación que tomó mayor relevancia sobre violencia hacia las mujeres detenidas se forjó el pasado 8 de marzo durante una protesta en el penal de Ezeiza. En aquella ocasión una interna fue trasladada al Anexo Psiquiátrico donde le inyectaron un tranquilizante, en tanto las otras mujeres fueron golpeadas y posteriormente encerradas en las celdas de aislamiento.
Estas prácticas violentas evidencian un mecanismo disciplinador que lejos está de un tratamiento adecuado en el espíritu de la Ley de Salud Mental sino más bien direccionado en la aplicación de dispositivos de control de los cuerpos.
El informe
El equipo de Salud Mental de la Procuración Penitenciaria desarrollo sobre esta cuestión un informe denominado "La problemática de género y la salud mental en contextos de encierro" con fecha de Abril 2018. Para acceder al mismo puede hacerlo desde aquí.