El martes 30 de marzo de 2010 la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios del Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, presentaron en la Facultad de Derecho de la UBA las bases de la creación del primer Registro Nacional de Casos de Tortura.
La presentación contó con la participación de la Dra. Mónica Pinto, Decana de la Facultad de Derecho de la UBA, el Dr. Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación, el Dr. Hugo Cañón, Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria y la Lic. Alcira Daroqui, Directora del GESPyDH y miembro del claustro de Investigadores del Instituto Gino Germani FCS-UBA.
A pesar de las reiteradas recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU (informes de los años 1997 y 2004) la Argentina no ha creado todavía un Registro Nacional de casos de Tortura. Es decir, no existe ningún banco de datos de tortura de alcance nacional. Únicamente se pueden destacar algunas iniciativas por parte de organismos como la Comisión Provincial por la Memoria a través de su Comité contra la Tortura, la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación, que han creado bases de datos de tortura con diverso alcance.
La Procuración Penitenciaria y la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, realizan respectivamente relevamientos en unidades penitenciarias del ámbito federal y bonaerense. Según los datos recabados por las dos instituciones hay 9.247 personas detenidas en el ámbito federal (SPF Dic 2009) y 26.500 en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires (SPB, Dic 2009), es decir, 35.747 personas detenidas entre ambas jurisdicciones, lo que representa el 63% de la población total detenida en cárceles del país que alcanzan a 68.14 (SNEEP-2007). A estos datos deben sumarse aquellos que dan cuenta de las personas privadas de libertad en comisarías, Institutos, hospitales neuropsiquiátricos, centros de detención de Gendarmería y Prefectura.
Los números que arrojaron tanto las investigaciones del Comité como las de Procuración son una clara señal de institucionalización de la violencia en los lugares de detención. En las cárceles provinciales murieron 101 personas en 2007, 112 personas en 2008 y 112 en 2009, lo que indica un incremento constante de fallecimientos en estas macroinstituciones. Las muertes de personas bajo el cuidado estatal acontecieron en 31 establecimientos carcelarios.
En cuanto al ámbito federal, de una encuesta realizada a una población de 939 personas resultó que al menos 601, el 64,3% de los casos fueron agredidas físicamente por personal penitenciario durante su detención; el 58,8% respondió que las agresiones físicas fueron concretamente golpes y que fueron golpeadas en la unidad penitenciaria en que se encontraban alojadas.
Tanto la Procuración como la Comisión por la Memoria han buscado sistematizar la información referida a malos tratos y torturas, generando bases de datos propias, que permiten monitorear y dimensionar el fenómeno del despliegue de la violencia estatal sobre las personas privadas de libertad o bajo contacto con las fuerzas de seguridad. Esta tarea se impone como prioritaria en tanto el Estado no produce registros que puedan dar cuenta del fenómeno de la violencia intramuros.
La creación del Registro Nacional se instrumentará mediante un Acuerdo de Cooperación específico, encuadrado en el Convenio general ya existente entre las referidas instituciones públicas. Se prevé también la posibilidad de firmar acuerdos de cooperación con otros organismos e instituciones que puedan realizar aportes complementarios de información. Este es el primer paso para la conformación del Registro Nacional de casos de Tortura adeudado por la Argentina en base a las Recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU.