20 de Noviembre, 2018
Un 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), a través de un equipo temático, monitorea y promociona el respeto de los derechos de NNyA en contexto de encierro.
El Equipo de Trabajo de Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad de la PPN -con herramientas que combinan estrategias cualitativas y cuantitativas- pudieron caracterizar a la población, identificar sus problemáticas y evidenciar las prácticas de gobierno que la administración del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) despliega sobre los jóvenes alojados en centros de régimen cerrado de la CABA. Asimismo, monitorea las condiciones materiales en que se cumple la privación de la libertad, cuestiones relativas a las sanciones, régimen de “sectorización” y malos tratos físicos o tortura por parte del personal de seguridad que desempeña funciones en dichos centros.
El pasado 20 de noviembre se cumplió un aniversario más del Día Universal del Niño y la Niña. El objetivo de la evocación es recordar a la ciudadanía que los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los colectivos sobrevulnerados, principalmente los que se encuentran privados de la libertad.
La declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) constituyó un gran paso en el reconocimiento de los derechos de la infancia, sin embargo no fue vinculante sino hasta 30 años después. El 20 de noviembre de 1989, tras años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. Particularmente en Argentina, tiene rango de norma constitucional al haber sido incorporada en la reforma constitucional de 1994 (Art. 75 inc.22).
Desde esta PPN reafirmamos, una vez más, nuestro compromiso y nuestro deber ético para con la palabra de los niños, niñas y adolescentes privados de la libertad en nuestro país y la procura del cumplimiento de los estándares de la Convención por parte del estado nacional.