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El día 15 de diciembre, la Diputada Nacional Victoria Donda, presentó el informe de gestión 2010. En el mismo detalla los proyectos de Ley presentados por la Comisión que preside, entre ellos, el Proyecto que promueve la implementación Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 


A continuación se presenta un extracto del Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías.

El Estado Argentino presenta un sorprendente retraso en la aprobación de una norma que establezca su Mecanismo Nacional de Prevención en los términos comprometidos en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que ha ratificado en el año 2004 sin reservas. Debido a ello, varias organizaciones no gubernamentales de trayectoria internacional en materia de derechos humanos. Han hechos sus advertencias al respecto, instando a nuestro país a cumplir con las obligaciones asumidas y exigiendo la pronta aprobación de un mecanismo transparente e independiente.
Este año el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina, encomendó al Estado a “resolver el problema de hacinamiento en las cárceles y definir políticas inmediatas y eficaces para poner fin a las torturas y tratos crueles en los lugares de detención”. En el conurbano bonaerense, por citar un ejemplo, las denuncias de torturas cometidas por funcionarios policiales en comisarías continúan en niveles preocupantes, y lamentablemente pocas veces la justicia se hace eco de estas denuncias investigando  con premura y seriedad para individualizar a los culpables y promover su juzgamiento.

Con la asunción de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Diputada Victoria Donda, se impulsó el presente proyecto fruto del trabajo llevado adelante por más de una treintena de organizaciones no gubernamentales comprometidas en la lucha por la prevención y erradicación definitiva de estas prácticas.

Desde el 17 de marzo, fecha en la que comenzó el estudio en la Comisión de Asesores, hasta el 21 de octubre cuando se aprobó el dictamen en la Comisión de Presupuesto, se realizaron numerosas jornadas de trabajo, debate y estudio del proyecto, habiendo cumplido con todos los requisitos para que sea aprobado en el Plenario de la Cámara de Diputados.

El Cels, La Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Defensoría General de la Nación, entre otros organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fueron parte de los debates en el Parlamento. Se realizaron además, comisiones conjuntas entre los diputados y diputadas de la comisión de Derechos Humanos y Garantías con la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Luego, se debatió el proyecto en la Comisión de Presupuesto y hacienda, última comisión competente para la discusión del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Confiamos en que esta iniciativa se transforme en Ley de la Nación.

Por su parte el Procurador Penitenciario de la Nación destacó la posibilidad de diálogo que abrió la Comisión y por sobre todo la articulación entre agentes estatales y de la sociedad civil, como el caso que a nosotros nos convocó.
Transmito mis felicitaciones porque no es común que esta circunstanciase de en este tipo de ámbitos. Seguramente estaremos el año que viene trabajando juntos/as.