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18 de Marzo, 2019.

En junio de 2013, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley 4.578 a fin de instaurar el 18 de marzo como el día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, en conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, destacada activista de los derechos humanos de la comunidad trans. 

Reforzamos nuestro compromiso en la protección de los derechos humanos de la población trans- travesti y manifestamos nuestra preocupación por las persistentes vulneraciones a derechos que sufre este colectivo en situación de privación de la libertad.

Argentina cuenta con una novedosa e innovadora Ley de Identidad de Género, sin embargo, este marco legal no se tradujo en mejoras en las condiciones y calidad de vida de esta comunidad trans – travesti, al no ser acompañada por políticas públicas que garanticen el acceso pleno de derechos. Asimismo, desde la PPN también observamos dificultades en el efectivo cumplimiento de la Ley de Identidad de Género intramuros. La capacitación y sensibilización brindada a les agentes del SPF resulta casi nula, lo cual genera la reproducción de actos de discriminación y tratos humillantes por motivos de identidad de género.

En términos de política criminal, resulta preocupante el aumento en el encarcelamiento de personas trans por la infracción a la ley de drogas. Los últimos datos elaborados por esta procuración dan cuenta que casi el 70% de este colectivo se encuentra detenida por este delito, principalmente comercio, tráfico e incluso tenencia simple. Asimismo, es alarmante la excesiva utilización de la prisión preventiva, siendo que el 80% se encuentra detenida en calidad de procesada. Por otro lado, debe señalarse la presencia de varones trans detenidos en la órbita del SPF que también sufren de manera particular en encierro carcelario.  

A partir de nuestro diagnóstico sobre las condiciones de vida de colectivo trans- travesti, sus particularidades y el impacto diferencial que produce la cárcel para las identidades no normativas, desde este organismo reforzamos para algunos casos la necesidad de promover medidas alternativas al encierro. Como caso testigo, podemos mencionar el otorgamiento de la prisión domiciliaria para un varón trans, logrado en el año 2018. La resolución judicial se constituyó como un antecedente sin procedente a nivel de reconocimiento de derechos, dado que reconoció las limitaciones actuales del sistema penal para abordar el tratamiento de las identidades no normativas, a la vez que, plantea posibilidades alternativas a la prisión respetuosas de los derechos humanos.  Es así, bajo este horizonte que desde el organismo reafirmamos nuestras tareas en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas trans en el SPF.  

La Procuración viene trabajando desde hace varios años en la defensa de los derechos humanos de este colectivo, denunciando las principales problemáticas que hacen a su encarcelamiento, generando alianzas con oficinas del estado y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, hemos realizado diversas actividades de difusión de derechos con las personas detenidas, como espacios de discusión, talleres de escritura, guías de derechos, entre otros.

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