11 de Junio, 2019.
Este mediodía el Procurador Penitenciario de la Nación tuvo un encuentro con periodistas con el objeto de reflejar la realidad carcelaria de nuestro país.
Con la finalidad de informar acerca del trabajo institucional que se halla plasmado en el último Informe Anual 2018, el cual se presenta anualmente al poder legislativo nacional, el titular de la Procuración Penitenciaria analizó la situación actual de las cárceles federales. En cumplimiento de la ley 25.875, Francisco Mugnolo, aseguró que nuestro organismo recibió un total de 51.989 demandas de la población reclusa durante el año pasado.
El Procurador junto a la directora del Observatorio de Cárceles Federales, Marta Monclus, señalaron el crecimiento desmedido de la población carcelaria que en mayo de 2019 se llegó a un récord histórico con 14.181 personas privadas de libertad. Este problema, destacado y alertado por nuestra institución durante los últimos años desembocó en que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declarara la emergencia carcelaria. La crisis fue reconocida en marzo de este año a través de la Resolución 184/2019. En este sentido, se conformó en el ámbito de la Secretaría de Justicia la Comisión de Emergencia en materia penitenciaria de la cual la PPN participa activamente.
El Procurador Adjunto Interino, Ariel Cejas Meliare, destacó que persisten las prácticas de tortura y /o malos tratos. A través de la aplicación del “Procedimiento para la investigación y documentación de casos de tortura y malos tratos” la institución constató que hubo más de 500 casos de torturas y/o malos tratos durante el 2018. Las cifras por un lado muestran la estructuralidad de un problema que requiere para su erradicación de una firme voluntad por parte de todos los actores involucrados, por otro el número se queda corto si tenemos en cuenta que muchas veces por temor a represalias no se denuncia, ni en la justicia ni en nuestra institución, este tipo de prácticas.
A partir de este eje Cejas Meliare mencionó la realización del juicio oral, donde la PPN fue querellante, por las torturas y la muerte de Pelozo Iturri producida en el año 2008 en la Unidad 9 de Neuquén. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal dictó una sentencia ejemplar y condenó a 14 penitenciarios a penas que van desde 6 años hasta prisión perpetua. Se remarcó que el fallo además es muy relevante en tanto que fijó estándares de gran importancia para la investigación y sanción de la tortura en contextos de encierro.
Las muertes bajo custodia fue otro de los ejes analizado. Ramiro Gual, jefe de investigación de Casos de Fallecimientos en prisión de la PPN, detalló que a fines del año pasado se cumplió una década de aplicación del “Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión” (Res. 169/PPN/08). La Procuración propuso esta herramienta con el fin de identificar las responsabilidades estatales con el objetivo de contribuir a la reducción de los factores que producen este tipo de hechos. A la vez se contribuyó en generar registros fiables y exhaustivos sobre muertes en prisión.
Finalmente, Mariana Lauro informó que la Procuración Penitenciaria de la Nación presta especial atención a los colectivos sobrevulnerados debido al impacto que pueden tener ciertos incumplimientos de derechos o la desatención de necesidades específicas. En esta línea hizo referencia a las mujeres y población LGBT+, a los jóvenes adultos, a los niños, niñas y adolescentes en centros socio-educativos de régimen cerrado, a los extranjeros en prisión y a las personas con discapacidad física o mental que se encuentran encarceladas. Por mencionar un ejemplo, destacó que en el último trimestre de 2018 se encontraban alojadas 37 mujeres con sus hijos y 8 embarazadas.
Lauro, Coordinadora de Trabajo con Colectivos Sobrevulnerados en Prisión, resaltó a los obstáculos en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las personas detenidas. Derechos como educación y trabajo a menudo se ven cercenados con el impacto que en las personas ello implica. En esta línea también señaló afecciones en el derecho a la salud de las personas presas, tanto en lo relativo a la atención médica de patologías físicas como en lo referente al cuidado de la salud mental. Las vulneraciones a los DESC marcan la obstaculización al contacto entre detenidos y familiares, en particular el impacto de la cárcel sobre los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad.