21 de Noviembre, 2019.
Con motivo de conmemorar los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, la Defensoría General de la Nación organizó una campaña que culminó el jueves 14 pasado con una jornada de debate. Se discutió sobre los avances y desafíos con respecto al acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Argentina. La PPN participó del encuentro.
El encuentro tuvo lugar en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y contó con la presencia de la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez y Olga Isaza, representante adjunta de UNICEF Argentina.
Mariana Lauro, responsable del área de Colectivos Vulnerables de la Procuración Penitenciaria, participó de la primera mesa de la jornada en donde se disertó sobre la elaboración de las “Directrices de Justicia Juvenil” desarrolladas en el marco de un trabajo conjunto entre diferentes organismos. Allí, la referente de PPN, resaltó la importancia de establecer alianzas estratégicas que permitan establecer consensos como los logrados mediante las directrices. Destacó la importancia que tuvo para la PPN la participación en la mesa de trabajo, a la vez que destacó el desafío que implica la integración de la mesa para el Equipo de Niños, Niñas y Adolescentes Privados de Libertad a futuro y el compromiso del Equipo en la construcción de una agenda 2020.
De este primer panel formaron parte además María Eugenia Mugica, Coordinadora de la Oficina de Personas Privadas de la Libertad de la Defensoría del Pueblo de la Nación y Alicia Blasco, directora de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La moderación de la mesa estuvo a cargo de María García Morabito, coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Defensoría General de la Nación.
Tras dos años de trabajo en conjunto entre diferentes instituciones, entre las que se encontró esta PPN, se elaboraron las directrices que establecen derechos, principios y garantías generales en la intervención de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, además de algunos ejes temáticos con pisos mínimos a respetar.
De estos ejes la PPN destacó: la necesidad de protocolos respetuosos de DDHH para los procedimientos de registro en los centros cerrados que alojan adolescentes, la situación de los adolescentes que alcanzan la mayoría de edad estando detenidos y la necesidad de evitar el impacto del traslado a cárceles de mayores, la necesidad de contar con protocolos y reglamentos claros y munidos de garantías para el régimen disciplinario y finalmente la garantía de acceso irrestricto de los organismos de control a los Centros de Régimen Cerrado.
Además, se debatió sobre justicia juvenil, protección de derechos y salud mental, cuestiones de acceso a derechos económicos sociales y culturales, género y medios.
Finalmente, desde la PPN, se remarcó la importancia de la construcción colectiva entre las instituciones como forma de abordar las problemáticas de los NNyA.