25 de Noviembre, 2019.

En América Latina las políticas de drogas constituyen la principal causa de encarcelamiento de mujeres y personas trans y en Argentina esta situación no es la excepción. Solo entre los años 2015 y 2018 la población de mujeres y personas trans detenidas por delitos de drogas se incrementó en un 34.85%.

Las mujeres y personas trans detenidas sufren una doble opresión, primero por su posición desigual dentro de la estructura de género y segundo porque las políticas punitivas impactan de manera particular en sus cuerpos y sus vidas. Las múltiples formas en las que se expresa la violencia institucional al interior de las prisiones de mujeres constituyen la cotidianeidad de la vida de ellas en su tránsito por el encierro carcelario.

Como hemos señalado en reiteradas oportunidades, el Servicion Penitenciario Federal (SPF) enfrenta desde hace varios años una situación de sobrepoblación que, en el último período, impactó de manera particular a la población de mujeres y personas trans. Este fenómeno inflacionario acentuó las problemáticas de alojamiento al interior de los penales, a través del hacinamiento y el aumento de la violencia institucional.

El pasado año, se documentaron 57 casos de tortura y malos tratos sufridos por mujeres y personas trans, en 24 de los cuales brindaron consentimiento para realizar la denuncia pertinente. Estos datos deben enmarcarse en la existencia de una cifra negra de casos que no logran ser denunciados por miedo a las represalias del SPF. Los relatos de estas personas dejan entrever prácticas específicas de violencia como el traslado y posterior encierro en los espacios psiquiátricos como mecanismo de control y castigo encubierto dirigido a los cuerpos de las mujeres y personas trans. Este mecanismo suele estar acompañado de la aplicación de medicación psiquiátrica por vía inyectable y sin consentimiento de la persona.

Las mujeres embarazadas encarceladas sufren también de prácticas de violencia obstétrica. Para poder dimensionar este tipo específico de violencia, la Procuración Penitenciaria elaboró el informe “Parí como una condenada” junto a la Defensoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Desde esta Procuración reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y personas trans detenidas, así como también continuamos alertando y denunciando las prácticas que perpetúan el ejercicio de la violencia institucional y la discriminación por razón de género desplegados dentro de nuestros sistemas penal y penitenciario.