8 de Abril, 2020.

El Procurador Penitenciario de la Nación emitió una nota dirigida a la Presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar que se definan criterios de actuación frente a la emergencia sanitaria y penitenciaria.

Francisco Mugnolo solicitó a la Cámara Federal que recomiende a los jueces cuya superintendencia se encuentra a cargo de ese tribunal, la consideración de medidas alternativas a la prisión teniendo en cuenta el contexto actual y de conformidad con las particularidades de cada caso, en los siguientes supuestos: 

1) Personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo, o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente el plazo previsto en la Ley 24.390. 

2) Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta. 

3) Personas condenadas a penas de prisión de menos de 3 años. 

4) Personas en condiciones legales de acceder en breve al régimen de libertad asistida, libertad transitoria o libertad condicional. 

5) Personas con obligaciones de cuidado sobre otras y han sido acusadas o condenadas por delitos no violentos, incluidas mujeres encarceladas con sus hijos y los padres que sean los principales cuidadores de niños y niñas. 

6) Personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores y mujeres embarazadas, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH. Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados. 

7) Cualquier otra persona cuando resulte innecesario o desproporcionado que siga detenida. 

La propuesta realizada por la Procuración Penitenciaria de la Nación se apoya en la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de coronavirus COVID-19; a la sobrepoblación y hacinamiento carcelario en el ámbito federal; y a la necesidad, en consecuencia, de promover medidas alternativas al encierro carcelario. 

La nota resalta que la dimensión del problema y la innumerable cantidad de planteos presentados por personas privadas de su libertad en el ámbito federal, exige que la emergencia sanitaria y penitenciaria deje de ser tratada exclusivamente mediante enfoques parciales que acotan su campo de análisis y propician respuestas jurisdiccionales contradictorias, que traen aparejado evidentes problemas de equidad.