08 de Mayo, 2020.

La Procuración Penitenciaria efectuó una serie de recomendaciones a los Ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en referencia a las políticas sanitarias en las cárceles federales en el marco de la pandemia del COVID-19.

La información reciente sobre la existencia de personas infectadas con COVID-19 en las cárceles federales -a la fecha confirmados cuatro detenidos y algunos agentes penitenciarios del Complejo Penitenciario Federal de la CABA- es indicativa de la irrupción del virus en la cárcel. En las unidades del SPF, la sobrepoblación y el hacinamiento impiden sostener prácticas de distanciamiento social, a lo que se suman los serios problemas en materia de condiciones materiales de detención (p.e la falta de ventilación), limpieza y salubridad en las instalaciones, lo que hace factible una rápida propagación de la epidemia.

En este contexto proponemos a los Ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación implementar en forma urgente mayores medidas orientadas a prevenir la propagación del COVID-19, y mejorar los resortes institucionales frente a los casos de infección que aparezcan. Esto es fundamental para proteger los derechos de las personas detenidas y de los trabajadores penitenciarios, evitar la propagación del virus dentro y fuera de las cárceles, y a su vez disminuir los niveles de tensión en el encierro.

Por ello la PPN sugiere en primer lugar fortalecer el rol del Ministerio de Salud de la Nación en la gestión de la salud en el encierro, recomendando que sea este mismo Ministerio el que esté a cargo del control de las medidas de prevención, de vigilancia epidemiológica y de garantizar atención a la salud de la población privada de libertad. Asimismo, se sugiere que se conforme un Comité de Coordinación interministerial que pueda tomar decisiones acerca de derivaciones hospitalarias, suministro de insumos a las áreas médicas del SPF, control de la epidemia dentro de prisión, recolección y transmisión de datos confiables, monitoreo de recursos disponibles en cuanto a profesionales de la salud, insumos y equipos de protección.

Por otro lado, la PPN recomienda el diseño de un plan de emergencia que parta de los recursos e insumos disponibles en el SPF para afrontar un eventual brote de COVID-19 en las cárceles. Además, la emergencia sanitaria demanda que se adopten protocolos de actuación detallados que disminuyan los márgenes de improvisación de los agentes penitenciarios ante casos de detección de personas infectadas.

En tercer lugar, se sugiere efectuar una inspección sanitaria en la cárcel de Devoto a fin de disponer las medidas necesarias para que en su interior se cumpla con el distanciamiento social obligatorio para contener un posible contagio masivo del COVID-19. A su vez, entendemos que el Ministerio de Salud podría disponer pautas sobre controles preventivos a realizar de forma proactiva desde las áreas médicas de los cárceles del SPF.

 Por último, también se recomienda a los Ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos extremar las medidas de higiene y prevención en las cárceles federales.

Estas propuestas se presentan a los fines de garantizar un abordaje de la pandemia en prisión en términos de salud pública, puesto que las personas privadas de la libertad forman parte de la comunidad y se les debe garantizar el derecho a la salud y a la atención médica en las mismas condiciones que en el medio libre. Además, cualquier brote de la epidemia dentro de prisión indefectiblemente tendrá consecuencias sanitarias en la comunidad, pudiendo contribuir a la saturación de los servicios de salud si se diese un escenario de contagios masivos. Un brote descontrolado de coronavirus en las cárceles de nuestro país generaría un enorme problema de salud pública que afectaría no solo a los detenidos sino también al resto de la población. Por eso, las autoridades competentes deben adoptar todas las medidas necesarias, en forma urgente, para evitar una situación que, desde el punto de vista sanitario, sería catastrófica.