10 de Agosto, 2020.
En este nuevo trabajo que presenta la Procuración Penitenciaria de la Nación se aborda el impacto de la pandemia por COVID-19 en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales de las personas privadas de su libertad.
La declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del brote del nuevo Coronavirus (COVID-19) como pandemia el pasado 11 de marzo, y en consecuencia, la declaración nacional de la Emergencia Pública en Materia Sanitaria mediante DECNU-2020-260-APN-PTE por el plazo de un año y el Decreto que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio (DECNU-2020-297-APN-PTE), sumado a la declaración de la emergencia penitenciaria, por tres años, en marzo de 2019, a través de la Resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; llevó, a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a la toma de diferentes medidas que permitan minimizar la propagación y los riesgos que puedan afectar la salud de las personas privadas de libertad, la pandemia por coronavirus.
A los fines de conocer cómo las medidas adoptadas por el SPF para atender la pandemia de COVID-19, han incidido en el acceso a ciertos derechos al interior de las cárceles, la Procuración ha realizado encuestas a las personas que se comunican diariamente con el organismo, a los fines de conocer de su propia voz los impactos que ellas generaron. Se realizaron en el bimestre mayo-junio 2020 un total de 664 encuestas, este número contempla tanto a la zona AMBA como a las cárceles emplazadas en otras provincias. Junto a estos relatos se ha considerado también la información suministrada por las autoridades penitenciarias y otras fuentes de información que complementaron el relevamiento.
Estas medidas, por demás necesarias, han generado efectos en el acceso a ciertos derechos, los que, en contexto de encierro, repercuten de manera directa, o indirecta, sobre el acceso a necesidades básicas.
En el marco de su función de monitoreo, la PPN tiene un fuerte compromiso en presentar información confiable. Por ello publica periódicamente informes y reportes estadísticos sobre la situación de los lugares de detención federales. En este reporte se aborda el impacto de la pandemia por COVID-19 en el acceso a derechos económicos sociales y culturales de las personas privadas de su libertad.