25 de Noviembre, 2020.
Este 25 de noviembre desde la Procuración Penitenciaria reafirmamos nuestro compromiso en la protección de los derechos humanos de las mujeres cis y personas trans/travestis detenidas, tarea que ha planteado mayores urgencias y desafíos en el actual contexto de pandemia por COVID 19.
Desde hace varios años la PPN ha promovido un abordaje específico de las formas de violencia que sufren estos colectivos desde el encierro. Así, se ha advertido que el aumento sostenido de la población penitenciaria en cárceles de mujeres en las últimas décadas no ha sido acompañado por una revisión de las políticas carcelarias en materia de género y diversidad.
A las violencias intrínsecas que conlleva el encierro (distanciamiento familiar, dificultades para el sostenimiento de los vínculos afectivos, segregación social) se suman otras modalidades de violencia intracarcelarias. Las mujeres y personas trans detenidas se encuentran expuestas a situaciones de violencia física, simbólica y sexual, donde sus cuerpos son el principal blanco de sanción y castigo.
Desde la conformación de la Base de datos de Casos de Tortura y Malos Tratos Investigados por la PPN en el año 2009 se han registrado un total de 512 casos que involucraron a mujeres cis y personas LGBT, lo cual ha implicado un total de 174 denuncias. Teniendo como referencia este dato, es preocupante que al día de la fecha no se cuente con ninguna resolución judicial que ponga de manifiesto la violencia estructural y sistemática que experimentan estos grupos específicos. Esta ausencia de respuesta expresa también una preocupante producción de impunidad que no es sólo de clase, sino también de género. La falta de interés político en los delitos cometidos contra las personas detenidas, se profundiza cuando se ejercen sobre determinados cuerpos e identidades.
Desde el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la PPN se ha puesto especial atención a determinadas prácticas, identificando su sistematicidad, especificidad e impacto diferencial. Así, los traslados intempestivos sin consentimiento, las prácticas de requisas vejatorias, como los traslados compulsivos a los espacios psiquiátricos dentro de las unidades penales actúan como principales afectaciones de derechos de las mujeres y personas trans encarceladas. Estas modalidades, encubiertas como prácticas penitenciarias normalizadas, se presentan como uno de los principales focos de maltrato.
En las unidades penitenciarias también se encuentran múltiples obstáculos que impiden el acceso a la salud en general, y a la salud sexual y reproductiva en particular, en especial en la prevención y tratamiento de enfermedades que afectan principalmente a las mujeres y a las personas trans y travestis. La actual pandemia de COVID-19 puso en evidencia las deficiencias de los servicios sanitarios que se brindan al interior de las prisiones. Las demoras en el acceso a estudios y turnos en hospitales extramuros, la falta de equipamiento de los centros médicos de los penales, las demoras en el acceso a tratamientos hormonales y chequeos de implantes de la población trans/travesti, la falta de controles preventivos ante el cáncer de cuello uterino, se complejizan en un contexto nacional de emergencia sanitaria.
Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio el Equipo ha identificado y denunciado diversos casos de personas con enfermedades graves que no recibían una correcta atención médica, realizándose los correspondientes acompañamientos a las solicitudes judiciales de medidas alternativas al encierro.
En definitiva, esta Procuración reitera la urgente necesidad de profundizar las políticas públicas que posibiliten a las mujeres y personas trans y travestis a vivir una vida libre de violencia.