En el marco de la causa de habeas corpus Nº 9881, del registro del Juzgado Federal Criminal y Correccional nº 1 de Lomas de Zamora, interpuesta a raíz de las medidas de aislamiento a las que se había sometido a las personas alojadas en el Pabellón “G” de la Unidad Residencial de Ingreso del CPF Nº I de Ezeiza, se resolvió en octubre del año 2010 hacer lugar a la acción de Habeas Corpus y ordenar la adopción de un marco regulatorio para reglamentar el resguardo a la integridad física. 

A fin de colaborar en la elaboración de esa normativa, el SPF, la PPN y la Defensa Pública acordaron abrir un proceso de diálogo.

Transcurrido año y medio sin que la autoridad requerida haya cumplido la sentencia, la Procuración Penitenciaria puso a consideración del Juez la conformación de una mesa de trabajo en la que se convoque a diferentes instituciones y organismos de la sociedad civil para consensuar en un proceso de diálogo los contenidos del marco regulatorio al Régimen de Resguardo de Integridad Física (RIF).

A raíz de esta propuesta se presentó en la causa el Director Nacional del SPF, Dr. Víctor Hortel, quien manifestó su aceptación en conformar una mesa de diálogo para reglamentar el RIF.

El 27 de abril pasado se celebró una audiencia en la que se consensuó junto con el Servicio Penitenciario Federal cuestiones relativas a las condiciones en las que se desarrollará la mesa de diálogo. En particular, se acordó solicitar la intervención del Programa de Diálogo Democrático del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a fin de que actúe como facilitador del diálogo.   

Luego de celebrada la audiencia, el Juez interviniente dispuso “…la inmediata convocatoria a conformar una equipo de trabajo interdisciplinario integrado por las partes que suscribirán la presente, sin perjuicio de la integración de otros actores que se consideren pertinentes, para que se procure la realización de un marco regulatorio que aborde las necesidades y problemáticas específicas del Resguardo de Integridad Física, determinándose a dicho fines un plazo de seis (6) meses para elaborar un protocolo que deberá ser remitido a esta sede para su homologación. Dejándose constancia que trascurrido ese plazo, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, las cuestiones que aún se encuentren en discusión serán dirimidas por este Juzgado.”

Por su parte, el día 11 de mayo se celebró una nueva audiencia en la que se acordó que el proceso de diálogo comenzará luego que finalice un coloquio durante el cual distintas personalidades locales e internacionales serán invitadas a exponer sobre la temática a regular, dando comienzo a la mesa de diálogo propiamente dicha.