05 de Marzo, 2021.
En el día de hoy se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 138/2021 que deroga el DNU 70/2017, cuya implementación significó un retroceso en la política migratoria de nuestro país y venía siendo reclamado por este organismo en diversas instancias.
Esta PPN ha expuesto en diversas oportunidades la vulneración de derechos humanos de la población migrante que implicaba la aplicación del DNU. A nivel local, a partir de la intervención en calidad de "Amigo del Tribunal" ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia donde el amparo colectivo se encuentra para resolver.
En el ámbito internacional, ante el Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra en la 28va sesión se manifestaron las severas vulneraciones que la aplicación del DNU 70/2017 provocaba a las personas migrantes, y también ante el Grupo de Trabajadores de Detenciones Arbitrarias en su visita a nuestro país. Ello entre otras acciones de incidencia que también involucraron el trabajo mancomunado junto a organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, y en forma paralela a los planteos reclamando la declaración de inconstitucionalidad del DNU, se realizó una investigación junto a CAREF a fin de indagar que ocurre con las personas migrantes detenidas y cómo operan los marcos normativos en su vida cotidiana y en sus familias, especialmente en términos de garantías y de derechos. La investigación "Familias migrantes y detención. Una mirada sobre el impacto del proceso penal" recupera la voz de las personas migrantes presas y revela las fuertes implicancias que la prisionización de un miembro familiar genera en su entorno. A su vez expone la necesidad de revisar las prácticas judiciales y administrativas de modo de erradicar el tratamiento desigual hacia las personas extranjeras que cumplieron una condena en el país. Ello implica, en principio, prohibir la expulsión de quienes cuentan con arraigo anterior a la causa penal y remover los obstáculos a la radicación de quienes hayan cumplido condena en Argentina, igualando la situación a las personas nacionales.
Otra cuestión complementaria que emana del estudio, refiere a cómo la administración pública analiza y difunde la información relativa a su propio accionar. Esta PPN ya se ha expedido en este sentido en el año 2016 a través de la Recomendación N°847/PPN/16 a partir de la cual recomienda a la Dirección Nacional de Migraciones que arbitre los medios necesarios a fin de informar inmediatamente a la autoridad judicial correspondiente, a la Defensoría General de la Nación y a esta Procuración Penitenciaria de la Nación cuando se proceda a la retención de una persona extranjera en el marco de la aplicación de la Ley Nº 25.871. Así también se recomienda se brinde acceso a esta PPN a los expedientes administrativos que se sustancian con miras a la expulsión de las personas extranjeras y se genere una base de datos actualizada en materia de retenciones de escrutinio público. Por último se recomendó a las policías migratoria auxiliares –Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional- sobre la necesidad de corroborar previo a la recepción de estas personas extranjeras en calidad de retenidas, la existencia de una orden judicial que ordene tal retención.
La derogación del DNU resulta auspiciosa para garantizar los derechos del colectivo migrante, y será necesario que se adopten las medidas pertinentes para adaptar las prácticas de los operadores de la Dirección Nacional de Migraciones a esta nueva situación. La PPN continuará monitoreando los usos que se hagan de la detención migratoria, uno de los principales ejes de abordaje en la agenda de esta PPN.
Por último, se destaca la iniciativa contenida en el Decreto 138/2021 de crear una Comisión Asesora de Política Migratoria para proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la actual Ley de Migraciones, advirtiendo la necesidad de que su conformación sea diversa e intersectorial incluyendo representantes de los organismos de DDHH, de las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil, quienes hemos sido actores clave todo este proceso.