17 de Mayo, 2021.
Desde el año 2004 se celebra el Día Internacional contra la Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género con el objetivo de visibilizar y concientizar sobre las situaciones de violencia que padece el colectivo LGBT+. La elección de la fecha se debe a que el 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la OMS reconoció que ninguna orientación sexual debía ser considerada un trastorno, y eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.
Las históricas formas de discriminación hacia las personas LGBT+ son consecuencia de los patrones culturales y sociales heterocisnormativos, que expulsan y segregan a las personas que no se reconocen dentro de este paradigma. La cárcel no escapa a este modelo de organización, motivo por el cual en la actualidad se siguen observando actos de discriminación y violencia por razones de orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
La Procuración Penitenciaria creó hace más de una década el Equipo de Género y Diversidad Sexual encargado de monitorear la situación del colectivo LGBT+ con la finalidad de visibilizar los daños adicionales que supone la cárcel para estas personas.
Durante el 2020 la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Red Corpora en Libertad presentaron un informe sobre la situación de las personas LGTBQI+ en contextos de encierro a nivel regional. El documento da cuenta del estado de los derechos humanos de este colectivo específico y afirma que sufren un impacto diferencial en función del ordenamiento binario y heterocisnormativo de los centros penitenciarios de la región.
Asimismo, el último informe anual de la PPN señala que en general las normas internacionales y regionales de protección de derechos humanos de las personas privadas de su libertad no reconocen las particularidades del colectivo LGBT+. A pesar de que en los últimos años la CIDH se ha pronunciado sobre el tema, aún se encuentra pendiente un abordaje integral de la problemática que establezca estándares mínimos para los Estados de la región sobre el tratamiento de las personas LGBT+ privadas de su libertad.
En 2006, en respuesta a patrones bien documentados de abusos dirigidos en contra de las personas por su orientación sexual e identidad de género, real o percibida, un distinguido grupo de referentes en derechos humanos de distintas regiones y diversa formación se reunió en Yogyakarta, Indonesia, para delinear un set de principios internacionales relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. El resultado de esta reunión fueron los Principios de Yogyakarta, una serie de principios legales internacionales sobre la orientación sexual, la identidad de género y el derecho internacional que comprenden estándares que todos los Estados deben cumplir.
En el principio 9 el documento resalta que “Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La orientación sexual y la identidad de género son fundamentales para la dignidad de toda persona”. Asimismo, destaca “Velarán, por que, en la medida de lo posible, todas las personas privadas de su libertad participen en las decisiones relativas al lugar de detención apropiado para su orientación sexual e identidad de género”. También es importante mencionar el principio 10 donde se expresa que “Todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso por razones relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género”.
En este día, inspirado en el espíritu de los principios de Yogyakarta, la PPN refuerza su compromiso en la lucha contra cualquier tipo de discriminación, en la búsqueda de que se reconozca la identidad de género y/u orientación sexual como un derecho humano, y se garantice el pleno cumplimiento de los derechos de las personas LGBT+ privadas de su libertad.