25 de Junio, 2021.

La tortura es considerada un crimen a nivel internacional, sin embargo, sigue siendo una práctica que se lleva a cabo en distintos países del mundo. En Argentina, uno de los lugares en los cuales ocurre, es en las cárceles y los centros de detención.

En conmemoración de esta fecha, la PPN pone de manifiesto los datos relevados por los equipos de trabajo durante el 2020: se registraron 176 casos de tortura y/o malos tratos, sufridos por 160 víctimas algunas de las cuales fueron víctimas de malos tratos en más de una ocasión.

Sin embargo, estas cifras no son absolutas ya que la aparición de la pandemia condicionó la frecuencia que tenía el organismo para realizar las visitas a las distintas dependencias penitenciarias y la dificultad para registrar este tipo de prácticas.

El registro da cuenta que la mayoría de las víctimas de casos de torturas son varones, argentinos y mayores de edad. Sin embargo, esto se da porque las mujeres aparecen levemente subrepresentadas en estos estudios, ya que son el 7% en el SPF y el 4% a nivel nacional. Además, se tomó conocimiento de 4 personas del colectivo LGBT+ como víctimas de este flagelo.

Desde su conformación y hasta el día de hoy, la Procuración Penitenciaria de la Nación tiene como uno de sus principales ejes de trabajo el registro y denuncia de los casos de tortura y malos tratos.

En 2007 se comenzó a aplicar el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El material, inspirado en el Protocolo de Estambul, brinda lineamientos para la efectiva investigación de casos de violencia institucional.

Se entiende que la tortura es “todo acto ejercido por un funcionario o funcionaria públicos por el cual se inflijan dolores o sufrimientos graves a una persona con fines de castigo, intimidación, discriminación o con el intento de obtener información.”[1] Para cumplir con su rol de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad en la órbita federal, el organismo realiza monitoreos periódicos, entrevistas a las personas detenidas y recibe denuncias y/o reclamos a través de las líneas del Centro de Denuncias.

En esta fecha y en un contexto de pandemia que vulnera aún más los derechos de las personas privadas de libertad, la Procuración Penitenciaria refuerza su compromiso y trabajo hacia quienes son víctimas de estas prácticas denigrantes.  

[1] Procuración Penitenciaria de la Nación, Informe Anual, 2019, página 203.