28 de Junio, 2021.
El colectivo LGBT+ sigue siendo uno de los grupos más marginados de las sociedades latinoamericanas. Aquellas personas que transitan la prisión sufren un impacto diferencial en el encarcelamiento.
La violencia, exclusión y discriminación que sufre la población LGBT+ a lo largo de toda la región se ve intensificada cuando sucede en contexto de encierro. La Procuración Penitenciaria de la Nación trabaja hace años en la atención de las demandas de este grupo a la vez que avanza en la producción de información elaborando diagnósticos de situación.
Ante la falta de conocimiento y la vulneración de derechos que esto genera, este Organismo recaba datos mediante monitoreos y entrevistas con personas LGBT+, con el objetivo de llevar a cabo recomendaciones y políticas públicas con enfoque diferencial y de derechos humanos.
El abuso de la prisión preventiva, la falta de perspectiva de género y diversidad sexual en los procesos judiciales y el desconocimiento general sobre sus condiciones de vida coloca a las personas de este colectivo en una situación de extrema vulnerabilidad. En Argentina, 7 de cada 10 personas travestis y trans privadas de libertad lo están por infringir la ley de estupefacientes. Los delitos imputados suelen ser de escasa o nula violencia, motivo por el cual la detención bajo estas condiciones puede ser interpretada como una persecución sobre este colectivo.
La Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario -precursoras y modelos a nivel regional-, y la reciente sanción de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero forman parte de una serie de pasos que viene dando nuestro país en el camino hacia una sociedad más igualitaria. Por eso, en el Día Internacional del Orgullo, la Procuración Penitenciaria refuerza su compromiso trabajando en la construcción de estándares y políticas públicas en defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBT+ privadas de su libertad.