Durante los meses del 2012 transcurridos, ha podido evidenciarse un preocupante incremento de los fallecimientos en prisión. Principalmente alarmante resulta el aumento de las muertes violentas y la afectación de dos colectivos específicos: mujeres y pacientes psiquiátricos. 

La Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo nacional autónomo y autárquico cuyo principal objetivo es la promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el régimen penitenciario federal y de los detenidos por jurisdicción nacional o federal que se encuentran alojados en establecimientos provinciales (art. 1º, ley 25.875). Como una herramienta necesaria para ejercer sus competencias, por Res 169/PPN/08 se aprobó el Protocolo para la investigación y documentación de fallecimientos en prisión que permite, además de investigar cada caso en concreto, comprender las responsabilidades estatales vinculadas, y analizar las variaciones que se producen en esta problemática específica.

La sistematización de esta información ha provocado en la Procuración Penitenciaria una especial preocupación por tres cuestiones puntuales, muchas de ellas planteadas en documentos de trabajo anteriores[1].

En primer lugar, se ha detectado un incremento preocupante de fallecimientos de detenidos bajo la guarda del Servicio Penitenciario Federal, destacándose como especialmente alarmante el aumento de la incidencia que la muerte violenta  asume en la totalidad de hechos. Luego del descenso en el número absoluto de muertes totales observado en el año 2010 -33 casos-, el período siguiente demostró un incremento -39- que volvió a profundizarse en el año 2012 -40-, cuya proyección hace previsible la recuperación de los números históricos observados hasta el año 2009 -47.

El aumento en el caso de las muertes violentas se vuelve aún más alarmante: luego de registrarse 15 casos en el 2009 y descender a 9 en el 2010, la cifra se incrementó exponencialmente a 23 para el año 2011 y 18 en los ocho meses y fracción del año actual.

 Además, como colectivos de especial preocupación, debemos reiterar nuestras alarmas previas sobre la emergencia de casos de muertes violentas en cárceles de mujeres y establecimientos psiquiátrico- penitenciarios.

 En el caso del colectivo de mujeres, y luego de una década sin presencia de muertes violentas, la Unidad Nº3 de Ezeiza ha registrado 8 casos en el período 2009- 2012, alcanzando un promedio de una muerte violenta por semestre. Aquello que fuera observado como un emergente en el año 2009, al registrarse dos ahorcamientos en la unidad, puede ser a estas alturas reconocido como una problemática consolidada, que requiere de medidas políticas concretas de reducción de la violencia, de parte del personal penitenciario y entre detenidas. Especial preocupación generan los sucesos del pasado 28 de agosto, cuando dos detenidas fueron encontradas sin vida dentro del Pabellón 17 de la unidad.

Las investigaciones desarrolladas a lo largo de estos cuatro años de aplicación del “Procedimiento para la investigación y documentación de fallecimientos en prisión”, han permitido constatar la presencia mayoritaria de casos de mujeres especialmente jóvenes, con sucesivos ingresos institucionales y graves problemas de adicción a drogas. Las autoridades penitenciarias suelen aplicar prácticas especialmente violentas, restrictivas en sus derechos, y de abandono de este colectivo de mujeres.

Estas estrategias de gobierno deberían ser investigadas con mayor profundidad, exigiendo intervenciones de las agencias políticas y judiciales para revertirlas y reducir sus efectos más dañinos, al poder hipotetizar que estas prácticas regulares colaboran con la producción, como efecto de conjunto, de muertes traumáticas al interior de las cárceles federales de mujeres.

La última problemática que es preciso destacar en este comunicado es la consolidación de casos de muertes violentas en los establecimientos psiquiátricos penitenciarios. Si los fallecimientos en estas unidades no resultan novedosos, sí ha generado una conmoción pública el incendio ocurrido en la Unidad Nº 20 SPF en mayo del año 2011, ubicada por ese entonces dentro del predio del Hospital J. T. Borda pero dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

Aquella tragedia en que fallecieran dos jóvenes afianzó definitivamente en la agenda política la necesidad de transformar el dispositivo psiquiátrico, generando esferas civiles y alejándolo lo más posible de criterios penitenciarios y de seguridad. Sin embargo, el necesario remplazo de la vetusta Unidad Nº 20 fue canalizado a través de su instalación dentro del hospital del Complejo Penitenciario Federal I, una cárcel de máxima seguridad ubicada en la localidad de Ezeiza.

Pese a los continuos planteos de los profesionales de la salud, aún de la misma administración, confrontando esta decisión y exigiendo la superación de lógicas, prácticas y retóricas ancestrales de seguridad, los resultados traumáticos se encuentra a la vista. En los ocho meses y fracción transcurridos en el año 2012, se han registrado cuatro muertes entre el Servicio Psiquiátrico de Varones (remplazo de la ex U.20) y su anexo ubicado dentro del Módulo VI del mismo CPF I de Ezeiza. Tres de estos casos han obedecido a causas violentas, al aparecer ahorcados dentro de sus celdas individuales de alojamiento.

Esta escalada de hechos traumáticos debe servir como indicador de la gravedad de la situación, exigiendo el abandono de métodos anclados en criterios de seguridad y penitenciarios, y adoptando prácticas y discursos asociados a la desmilitarización del establecimiento y guiados por el respeto a la salud y la vida de los detenidos.

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012