10 de Septiembre, 2021.

La Procuración Penitenciaria presentó diferentes acciones judiciales para que una persona privada de la libertad que padece secuelas de un accidente cerebrovascular pueda ser internado en un centro de rehabilitación adecuado para estas dolencias, tal como lo indican todos los profesionales médicos que lo asistieron.

Según la Organización Mundial de la Salud, el Accidente Cerebrovascular (ACV) representa la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en adultos, a nivel mundial. Para contribuir a la recuperación de algunas de las funciones afectadas por la falta de riego sanguíneo al cerebro, los profesionales de la salud advierten que es fundamental comenzar lo antes posible un tratamiento de rehabilitación ya que, pasados los 6 meses, el cuadro resultará irreversible.

Juan[1], de 34 años de edad, detenido a título preventivo, sin condena, estaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz (CPF II) cuando sufrió un ACV a fines de marzo de este año. Tras brindarle la atención de urgencia en el Hospital Santojanni, fue devuelto al CPF II y realojado en la Unidad Médica Ambulatoria (UMA) que no cuenta con el personal capacitado ni los insumos requeridos para dar el tratamiento adecuado.

Como consecuencia de su ACV, Juan padece diversos trastornos, entre ellos, dificultad para la deglución -y por ello debe usar una sonda que lo alimenta a través del abdomen-y dificultades motrices que pueden traer, a su vez, otras numerosas complicaciones como infecciones respiratorias, aparición de escaras e infecciones dermatológicas.

Ante la gravedad de esta situación y la urgencia de actuar antes de que el cuadro se torne irreversible, la Procuración Penitenciaria de la Nación intervino reiteradamente ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°16.

La primera intervención fue la remisión, el 17 de junio, de una nota con un informe médico dando cuenta de las secuelas producidas por el ACV.

El 8 de julio, se hizo una presentación en calidad de Amicus Curiae, solicitando la internación en un centro de rehabilitación, postura que se encuentra avalada por 4 profesionales médicos pertenecientes a la PPN, al Servicio Penitenciario Federal, al Cuerpo Médico Forense y a la Defensoría General de la Nación.

A pesar de la consistencia de los argumentos médicos, el tribunal no ordenó la internación, por lo que desde esta PPN se realizaron dos nuevas presentaciones ampliando los argumentos e indicando las complicaciones de salud que podrían derivarse de la falta de un correcto tratamiento del cuadro médico. Por su parte, la defensoría interviniente hizo presentaciones en el mismo sentido.

A pesar de todo ello, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 continúa dilatando la resolución de la situación, y pone en cabeza del SPF la definición de la internación.

La última presentación de la Procuración fue un Habeas Corpus Correctivo ante la falta de resolución del TOCC, acción que fue rechazada por el Juzgado Federal en turno de Morón y que actualmente se encuentra en instancias recursivas.

Mientras todo esto sucede y la decisión judicial sobre la derivación a un centro de rehabilitación se dilata, se agravan las condiciones médicas de Juan, que en las últimas dos semanas fue internado dos veces por complicaciones derivadas de su condición, riesgos que fueron oportunamente consignados en los informes médicos y presentaciones de la PPN.

A fines de septiembre se cumplirán 6 meses del ACV, tiempo que delimita la posibilidad médica de brindar una oportunidad para obtener alguna recuperación de su condición de salud. Por eso, desde la Procuración instamos a definir prontamente la situación, priorizando la salud y la vida.

[1] Con la finalidad de preservar la identidad del detenido se utilizará el nombre de fantasía Juan.