07 de Octubre, 2021.
El proyecto desarrollado entre ambos organismos se dio en el marco del trabajo que realizan mediante el programa "Fortalecimiento de Mecanismo de Protección de Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad".
El encuentro se realizó de forma virtual el pasado martes a través de la cuenta de facebook del INDH. Allí se presentó el Protocolo de Actuación para Organismos de Derechos Humanos ante la Detección de Prácticas de Aislamiento en Establecimientos Penitenciarios y la publicación “Cooperación Sur- Sur Argentina y Chile: la agenda regional de derechos humanos para las personas privadas de libertad. Informe de gestión AGCID-FOAR 2018-2020”. El contenido es resultado del trabajo realizado entre 2018 y 2020 en el marco del Proyecto AGCID - FOAR “Fortalecimiento de Mecanismos de Protección de Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad”.
La jornada se inició con las palabras de Rodrigo Bustos Bottai, jefe de la Unidad de Protección, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile, quien recordó el primer acercamiento de mesas de trabajo que contribuyó a iniciar un camino de fortalecimiento de capacidades técnicas, a fines del 2016. Esto sirvió como antecedente para materializar la propuesta de proyecto AGCID- FOAR que tuvo lugar entre los años 2018 y 2020.
A continuación, siguieron las palabras de Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación de Argentina, quien reforzó la idea del trabajo de cooperación técnica internacional que se viene realizando entre ambos organismos de control desde hace cinco años como política institucional que asumió la PPN en pos de la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Por su parte, María Soledad Lucero, Directora Subrogante de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Alicia Barone, Ministra Directora de Cooperación Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina situaron su discurso en torno a la posibilidad de generar una agenda que se enfoque en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad valorando el esfuerzo de estos tres años de ejecución del proyecto donde sucedieron una serie de obstáculos que gracias al compromiso de cada institución se pudo sortear.
Luego María Julieta Reyes, asesora de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y Marlenne Velásquez Norambuena, coordinadora de visitas a establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, realizaron la presentación del Proyecto AGCID- FOAR y de la publicación “Cooperación Sur- Sur Argentina y Chile: la agenda regional de derechos humanos para las personas privadas de libertad. Informe de gestión AGCID-FOAR 2018-2020”. Se hizo un breve recorrido de lo que implicó el desarrollo de las mesas de trabajo, el objetivo de desarrollo, los ejes temáticos, las buenas prácticas, los desafíos y las conclusiones que se han arribado conjuntamente entre el INDH y la PPN.
Por último, Marta Monclús Masó, directora del Observatorio de Cárceles Federales Procuración Penitenciaria de la Nación, y Daniela Lara Escalona, Coordinadora del Estudio de Condiciones Carcelarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, dieron los lineamientos básicos desde los cuales se basaron el diseño y la elaboración del “Protocolo de Actuación para Organismos de Derechos Humanos ante la Detección de Prácticas de Aislamiento en Establecimientos Penitenciarios”. Expusieron el diagnóstico de cada país sobre la problemática de aislamiento en establecimientos penitenciarios dando cuenta que la práctica es similar en ambos países, aunque con diferente terminología. A partir de allí, abordaron las formas de intervención ante prácticas de aislamiento que van desde el trabajo de campo, siguiendo con las acciones posteriores y los instrumentos de observación y entrevista.
En estos tres años, se evidenció el fuerte compromiso por parte del INDH y la PPN en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad al haber sostenido, a pesar de la coyuntura social y pandémica, la conformación de vínculos de cooperación técnica que generan y refuerzan modos de abordaje sobre las problemáticas carcelarias.
Este es un inicio de un camino exitoso de cooperación entre países de la región que permite alentar a otros organismos similares a llevar adelante estos modos de trabajo en conjunto en la región, como motor de generador de buenas prácticas.
Para acceder a la presentación ingresar aquí.