El Senado aprobó la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura que actuará en el ámbito del Poder Legislativo, aunque el proyecto deberá volver a la Cámara Baja porque se le introdujeron algunos cambios.

De promulgarse, se estará cumpliendo con el compromiso internacional asumido por la Argentina al ratificar el Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura.

El Sistema Nacional de Prevención de la Tortura alcanza a todos los establecimientos de detención bajo jurisdicción de los estados nacional, provincial o municipal, así como cualquier otra entidad pública, privada o mixta donde se encuentren personas privadas de su libertad por orden, instigación o consentimiento de la autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.

La norma, aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de septiembre de 2011, crea un Comité Nacional contra la Tortura dependiente del poder legislativo conformado por seis integrantes del Congreso, representantes de las provincias y organismos nacionales, como la Secretaría de Derechos Humanos y de la Procuración Penitenciaria de la Nación y organizaciones de la sociedad civil.

El organismo podrá realizar visitas en los centros de detención del país y deberá elaborar estándares sobre las condiciones de detención, así como la capacidad de alojamiento, el empleo de la fuerza, las requisas y los traslados y además podrá proponer recomendaciones, acciones y políticas carcelarias. El comité podrá investigar denuncias de torturas y apremios, entrevistar a los detenidos y sus familiares y deberá trabajar conjuntamente con organizaciones no gubernamentales.

Además, el proyecto legislativo establece que cada Provincia y la CABA debe crear o designar su propio Mecanismo de Prevención de la Tortura. En el caso del ámbito federal, la Procuración Penitenciaria de la Nación cumplirá esta función.no