12 de Abril, 2022.
La Procuración Penitenciaria de la Nación publicó un informe con datos sobre las detenciones policiales judiciales de personas que, por resolución judicial, fueron posteriormente alojadas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante 2021.
El documento “Informe sobre las detenciones policiales-judiciales con alojamiento en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad, enero a diciembre de 2021”, sistematizó información a partir de fuentes secundarias, en este caso, listados enviados por el Departamento de Alcaidía Central y Traslado de Detenidos de la Policía de la Ciudad. El informe lo elaboró el Departamento de Investigaciones de la PPN en el marco del Programa técnico de construcción y análisis de información estadística a partir de fuentes secundarias y contó con la colaboración del área Centros de Detención No Penitenciarios que gestionó los listados de información administrativa elaborados por la agencia policial.
El documento contabilizó la cantidad de detenciones, registró su distribución según comunas, barrios y comisarías. Tambien informó los motivos de las detenciones y la jurisdicción judicial interviniente y caracterizó tanto a la población detenida como a los espacios de alojamiento.
Durante 2021 se registraron 16.493 detenciones con alojamiento en dependencias de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un promedio de 45,2 detenciones por día.
Un 90,4% de las personas detenidas fueron varones, en tanto que el 9,1% fueron mujeres y en un 0,4% personas travesti-trans. La población detenida fue predominantemente joven: las personas de hasta 30 años alcanzan el 49,2% de los casos.
Durante 2021 continuó y se afianzó el proceso iniciado en marzo de 2020 de mantener a las personas detenidas alojadas en dependencias de fuerzas policiales y de seguridad provinciales, federales y de la Ciudad debido a la restricción del ingreso a las alcaidías del Servicio Penitenciario Federal.
Esta situación producida y justificada en el marco de un contexto de excepción a raíz de la pandemia de Covid-19, resulta notoriamente inadmisible dos años después ya que vulnera –aún más que el sistema penitenciario– los derechos más básicos de las personas detenidas, entre ellos el de la salud en un sentido amplio.