03 de Junio, 2022.

El Departamento de Investigaciones de la PPN publica un informe con datos sobre las detenciones policiales judiciales de personas que, por resolución judicial, fueron posteriormente alojadas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad durante el primer trimestre de 2022.

El documento denominado “Informe sobre las detenciones policiales-judiciales con alojamiento en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad –enero a marzo de 2022”, sistematiza información a partir de fuentes secundarias. En este caso, listados enviados por el Departamento de Alcaidía Central y Traslado de Detenidos de la Policía de la Ciudad.

El estudio fue producido en el marco del Programa técnico de construcción y análisis de información estadística a partir de fuentes secundarias del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación, con la colaboración del Área Centros de Detención No Penitenciarios, que gestiona los listados de información administrativa elaborados por la agencia policial.

El documento contabiliza la cantidad de detenciones, registra su distribución según comunas, barrios y comisarías, informa los motivos de las detenciones y la jurisdicción judicial interviniente, y caracteriza tanto a la población detenida como a los espacios de alojamiento.

Durante el primer trimestre de 2022 se registraron 3.799 detenciones con alojamiento en dependencias de la PCABA, un promedio de 42,2 detenciones por día.

Un 92,9% de las personas detenidas fueron varones, en tanto que el 6,4% fueron mujeres y en un 0,8% personas travesti-trans. La población detenida fue predominantemente joven: las personas de hasta 30 años alcanzan el 49,6% de los casos.

Durante 2022 continúa el proceso iniciado en marzo de 2020 de mantener a las personas detenidas alojadas en dependencias de fuerzas policiales y de seguridad provinciales, federales y de la Ciudad debido a la restricción del ingreso a las alcaidías del Servicio Penitenciario Federal.

Esta situación, producida y justificada en el marco de un contexto de excepción a raíz de la pandemia de Covid-19, resulta notoriamente inadmisible dos años después, ya que vulnera –aún más que el sistema penitenciario– los derechos más básicos de las personas detenidas, entre ellos el de la salud en un sentido amplio.