07 de Septiembre, 2022.

La delegación Córdoba de la PPN se presentó como Amicus Curiae ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en una causa que investiga prácticas de violencia obstétrica contra una mujer privada de su libertad.

La defensa de la detenida inició un proceso de recolección de datos, a través de entrevistas diagnósticas a mujeres que habían dado a luz mientras se encontraban privadas de su libertad, para conocer si existían posibles vulneraciones a derechos elementales. Para tal fin, utilizaron el “Protocolo de preguntas de violencia institucional y obstétrica”, elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación y otras organizaciones, que se incluye en nuestra publicación “Parí como una condenada”.

El 6 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, revocó la decisión del Juzgado de Ejecución Nº1 de la ciudad de Córdoba, que había rechazado la acción de habeas corpus preventivo presentada por la asesoría letrada de 2º turno de Capital.

La presentación se inició por la denuncia de una persona gestante privada de libertad que, durante su embarazo y parto, sufrió vulneraciones a sus derechos tales como demoras en salidas al hospital público, ausencia de acompañamiento durante la internación con motivo del parto, uso de medidas de sujeción durante el trabajo de parto, pre parto y post parto, presencia del personal penitenciario o policial y afectación de la intimidad y falta de información y consentimiento informado sobre prácticas médicas.

Conscientes de la vulneración de derechos que estas prácticas sistemáticas importan, la Delegación Córdoba de la Procuración Penitenciaria de la Nación compareció ante el máximo Tribunal de la Provincia, aportando argumentos en relación a la necesidad de un tratamiento colectivo de las vulneraciones, a la importancia de adecuar las políticas judiciales y penitenciarias en el marco de la perspectiva de género (art. 12 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo 12, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer art. 4, arts. 16 y 75 inc. 22 de la C.N) y sobre la utilización de medidas de sujeción.

Esta última temática ha sido objeto de trabajo por la Delegación desde el año 2014 y en diálogos con el Hospital Materno Provincial, culminó con la propuesta de realizar un protocolo de actuación que permita unificar criterios para todo el personal sanitario donde se fijen los estándares de derechos humanos que deben respetarse en el marco de las detenidas y su atención de la salud. Asimismo, la temática había sido objeto de acciones judiciales con resultado favorables en la Justicia Federal.