26 de Diciembre, 2022.
El Departamento de Investigaciones de la PPN publica un informe con datos sobre las detenciones policiales judiciales de personas que, por resolución judicial, fueron posteriormente alojadas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad durante el tercer trimestre de 2022.
El documento “Informe sobre las detenciones policiales-judiciales con alojamiento en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad, julio a septiembre de 2022” sistematizó información a partir de fuentes secundarias, en este caso, listados enviados por el Departamento de Alcaidía Central y Traslado de Detenidos de la Policía de la Ciudad. El mismo fue producido en el marco del Programa técnico de construcción y análisis de información estadística a partir de fuentes secundarias del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
El informe contabiliza la cantidad de detenciones, registra su distribución según comunas, barrios y comisarías, informa los motivos de las detenciones y la jurisdicción judicial interviniente y caracteriza tanto a la población detenida como a los espacios de alojamiento.
Durante el tercer trimestre de 2022 se registraron 4.521 detenciones con alojamiento en dependencias de la PCABA, un promedio de 49,1 detenciones por día.
El género de las personas detenidas durante el tercer trimestre de 2022 fue mayoritariamente masculino, en un 86,3% de los casos, mientras que el 13,2% fue femenino y en un 0,6% travesti-trans. La población detenida fue predominantemente joven: las personas de hasta 30 años alcanzan el 48,8% de los casos.
Durante 2022 se registra la consolidación del proceso iniciado en marzo de 2020 de mantener a las personas detenidas principalmente por la Justicia Nacional, y en menor medida por la Justicia de la Ciudad, Federal y/o Provincial alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad debido a la restricción del cupo en las unidades del Servicio Penitenciario Federal.
Esta situación producida y justificada en el marco de un contexto de excepción a raíz de la pandemia de Covid-19, resulta notoriamente inadmisible en la actualidad ya que vulnera –aún más que el sistema penitenciario– los derechos más básicos de las personas detenidas, y adquiere características especialmente gravosas debido a que tanto alcaidías como comisarías no cuentan con las condiciones edilicias mínimas para garantizar la salubridad, el esparcimiento, las visitas, el acceso a trabajo y educación o cualquier medida tratamental contemplada en la Ley 24.660.