El Procurador Penitenciario de la Nación (PPN) pidió a la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, que evaluara la posibilidad de establecer una interpretación amplia para todo el Ministerio Público Fiscal acerca del alcance del artículo 140 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, de estímulo educativo, a fin de minimizar el encierro de las personas detenidas que culminan con éxito tramos relevantes de su educación formal. 

El artículo 140 de la Ley 24.660 permite a las personas privadas de libertad atenuar el rigor de su encierro carcelario si estudian y concluyen con éxito tramos relevantes de su formación. Sin embargo, el texto legal no es asertivamente expreso acerca de la posibilidad de extender este estímulo respecto de los institutos de las salidas transitorias, la libertad condicional o la libertad asistida y ello ha generado interpretaciones contradictorias en los tribunales, limitando el impacto de la ley.

El criterio de interpretación del PPN es similar al de las Salas I, II y IV de la Cámara Federal de Casación Penal y extiende la aplicación del artículo 140 a todos los institutos de la ejecución penal. En cambio, otros magistrados, como la sala III de la Casación, y algunas fiscalías, entre ellas, la Fiscalía Nacional de Ejecución Penal, hacen una lectura restrictiva del instituto. Las divergencias de criterio, según notó el Procurador, generan situaciones contradictorias y postergan innecesariamente la resolución de los pedidos de los y las internas.

Para el Procurador, en consecuencia, sería valioso que ante la diversidad de posiciones los fiscales establecieran un criterio de actuación homogéneo, en línea con el criterio mayoritario del tribunal de Casación hoy y con la posición amplia que defiende esta oficina. Ello además, opinó, sería una contribución para la realización del ideal resocializador de la pena, en el sentido más favorable a la educación y la reinserción social, consagrando una interpretación amplia de los derechos en juego y evitando recursos y dispendio jurisdiccional.

En la investigación jurisprudencial y elaboración de su propuesta, el Procurador Penitenciario contó con el apoyo de su personal y de los estudiantes de las Facultades de Derecho de las Universidades de Buenos Aires y de Palermo que integran el curso de práctica profesional legal que funciona en la PPN desde 2012.