24 de Abril, 2023.
El Departamento de Investigaciones de la PPN publica un informe con datos sobre las detenciones policiales judiciales de personas que, por resolución judicial, fueron posteriormente alojadas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad 2022.
El documento denominado “Informe sobre las detenciones policiales-judiciales con alojamiento en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad –enero a diciembre de 2022”, sistematiza información a partir de fuentes secundarias. En este caso, listados enviados por la División Asuntos Judiciales de la Dirección Alcaidías de la Policía de la Ciudad y fue producido en el marco del Programa técnico de construcción y análisis de información estadística a partir de fuentes secundarias del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
El documento contabiliza la cantidad de detenciones, registra su distribución según comunas, barrios y comisarías, informa los motivos de las detenciones y la jurisdicción judicial interviniente, y caracteriza tanto a la población detenida como a los espacios de alojamiento.
Durante 2022 se registraron 17.048 detenciones con alojamiento en dependencias de la PCABA, un promedio de 46,7 detenciones por día.
Un 89,1% de las personas detenidas fueron varones, en tanto que el 10,2% fueron mujeres y en un 0,7% personas travesti-trans. La población detenida fue predominantemente joven: las personas de hasta 30 años alcanzan el 48,6% de los casos.
Hacia fines de 2022, se encontraban habilitadas 20 alcaidías, se utilizaban los calabozos de más de 45 comisarías vecinales y el Centro de Contraventores, alcanzando a casi 1.000 personas alojadas en diciembre de 2022, cuyo tiempo de permanencia promedio fue de 3 meses y alcanzó un máximo de 2 años y 7 meses.
Esta situación que ya se extiende a casi tres años es responsabilidad de una multiplicidad de actores nacionales, locales y judiciales. Cada uno de los actores involucrados en la producción esta situación de tratos crueles. inhumanos y degradantes alega que la responsabilidad es de otra agencia, que se encuentra imposibilitado de dar una respuesta a una situación que pone en riesgo la vida de las personas más vulneradas de la sociedad.