15 de Enero, 2025.
La Justicia Federal de Goya otorgó el arresto domiciliario solicitado por la Defensoría Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación para un detenido alojado en la sede de la Prefectura Naval de Corrientes, quien presenta un grave trauma e infección en su pierna.
Este fallo se produjo tras la intervención de la Defensoría Pública Oficial de Goya, con la colaboración como “Amicus Curiae” de la Delegación de Centros No Penitenciarios Frontera Norte de la Procuración Penitenciaria de la Nación. La solicitud de arresto domiciliario fue aprobada luego de que el médico de la Delegación NEA de la PPN constatara que el detenido padecía una discapacidad severa debido a un grave trauma en su pierna derecha. Además, un informe de la Prefectura Naval Argentina (PNA) respaldó dicha evaluación.
Debido a esta condición, la fuerza de seguridad solicitó el traslado del detenido a una unidad de detención con atención médica las 24 horas, ya que la dependencia de la Prefectura no dispone de ese servicio y los detenidos que requieren atención médica deben ser derivados a hospitales locales.
Cabe recordar que, en diciembre de 2024, la Justicia Federal de Goya había rechazado una solicitud de excarcelación con morigeración presentada por la Defensoría Pública Oficial en favor de la misma persona detenida. Sin embargo, al enterarse de la grave situación de salud del detenido, la PPN envió un asesor legal y un médico para entrevistarlo el 31 de diciembre. En esa ocasión, se elaboró un informe médico en el que se sugería la aplicación del régimen de detención domiciliaria debido a la discapacidad del detenido y las serias limitaciones de la fuerza de seguridad para atender su salud en el lugar de detención.
Con los informes obtenidos, se coordinó con la Defensoría Pública Oficial para realizar una nueva presentación judicial urgente solicitando la prisión domiciliaria, dada la gravedad de su estado de salud, especialmente de su pierna y pie.
De las entrevistas realizadas por los asesores de la delegación surgió que el detenido padecía osteomielitis crónica en la pierna derecha, así como secuelas graves en la pierna, tobillo y pie derechos, lo que le causaba una discapacidad severa. Como consecuencia, presentaba serias dificultades para caminar y trasladarse dentro del establecimiento, teniendo que utilizar muletas y necesitar la asistencia constante de otra persona para realizar sus actividades cotidianas y satisfacer sus necesidades fisiológicas y de higiene personal.
Esta situación expone al detenido a un alto grado de vulnerabilidad, afectando gravemente su derecho a ser tratado por el Estado con el respeto debido a su dignidad humana mientras se encuentra detenido.
El seguimiento realizado por los asesores de la delegación evidenció que la dependencia de la Prefectura Naval mencionada no cuenta con la infraestructura ni los recursos médicos necesarios para atender y tratar adecuadamente el cuadro de salud diagnosticado. No dispone de personal sanitario, ni de un Centro de Atención Médica o espacio adecuado, carece de equipamiento médico y no tiene médicos especialistas.
Por lo tanto, la Procuración Penitenciaria señaló que el acceso del detenido a la salud se encontraba seriamente comprometido debido a la falta de recursos sanitarios y atención médica apropiada, lo que no puede ser garantizado por la fuerza de seguridad.
En su resolución, la jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penso consideró que correspondía conceder el arresto domiciliario solicitado, basándose en las circunstancias descritas en los informes médicos proporcionados por la fuerza preventiva, la Procuración Penitenciaria de la Nación y los hospitales. La jueza entendió que la situación del detenido lo exponía a diversos factores adversos que podrían afectar gravemente su vida, salud e integridad física. Por ello, concluyó que “la salud del detenido se vio agravada por la condición de detención que cumple, por lo que su situación es compatible con la normativa vigente, en particular con el artículo 32, inciso 'a' de la Ley 24.660”. Finalmente, concedió el régimen de detención domiciliaria.