06 de Octubre, 2025.
La PPN emitió una Recomendación para la prevención de registros corporales intrusivos a mujeres privadas de libertad, exámenes médicos forzados y prácticas de violencia contra la mujer.
La Procuración Penitenciaria elaboró una Recomendación a raíz de diversas denuncias recibidas durante el último año por parte de mujeres alojadas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, quienes manifestaron haber sido sometidas a tactos vaginales —y, en un caso, también rectal— como parte de requisas corporales solicitadas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), sin la correspondiente orden judicial.
En todos los casos denunciados, la secuencia de los hechos coincide, lo que permite inferir la existencia de una práctica sistemática de vulneración de derechos. Las mujeres relataron que, en el marco de una requisa de pabellón o al regresar de una visita, fueron sometidas a un escaneo corporal. Tras la visualización de una imagen considerada “sospechosa”, fueron trasladadas al Centro Médico del CPF IV, donde se les realizó una revisión superficial. Posteriormente, fueron derivadas al servicio de ginecología del Hospital Eurnekian para ser examinadas ante la supuesta “sospecha de cuerpo extraño” en la zona genital.
Las detenidas afirmaron que en ningún momento se les explicó con claridad el tipo de examen al que serían sometidas. También señalaron que no se les solicitó su consentimiento expreso para ser trasladadas fuera del establecimiento penitenciario ni para someterse a procedimientos médicos o requisas invasivas. En todos los casos, los registros intrusivos fueron realizados en presencia de personal de requisa del SPF. Además del tacto vaginal, en la mayoría de los casos se efectuaron estudios complementarios, como ecografías abdominales, ecografías transvaginales y/o radiografías. Especialmente grave fue el caso de una joven de 19 años, a quien se le practicó un tacto rectal.
Cabe destacar que todas las mujeres negaron haber introducido elementos en sus cuerpos y que en ningún caso las exploraciones arrojaron resultados positivos. Es decir, no se halló presencia de cuerpos extraños. Asimismo, a pesar de los múltiples procedimientos y estudios realizados, no se brindó a las detenidas una explicación respecto de la imagen detectada en el escáner, ni se les ofreció un análisis diagnóstico relacionado con dicha “imagen sospechosa”, lo que generó en todos los casos una profunda angustia e incertidumbre sobre su estado de salud.
Ante la discrecionalidad con que el SPF decide la realización de este tipo de procedimientos, así como la falta de protocolos que regulen la intervención del personal del hospital público, la Procuración recomendó al Director Nacional del SPF y a la Dirección del CPF IV disponer el cese de toda práctica de requisa corporal intrusiva —en particular, los tactos vaginales y/o anales forzados— respecto de mujeres privadas de libertad alojadas en establecimientos bajo su dependencia, por resultar incompatibles con el ordenamiento jurídico vigente y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, recomendó a la directora ejecutiva del Hospital General de Agudos “Dr. Alberto Eurnekian” instruir al personal médico y de salud a su cargo para que se abstenga de realizar tactos vaginales o rectales a mujeres privadas de libertad sin el consentimiento previo, libre, informado y por escrito de la paciente. En particular, en aquellos casos dirigidos a evaluar una supuesta sospecha de cuerpos extraños a solicitud del SPF, salvo que exista una orden judicial expresa y fundada que autorice excepcionalmente dicho procedimiento.
Por otra parte, se sugirió al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y a la directora ejecutiva del Hospital “Eurnekian” la elaboración de un protocolo específico de atención sanitaria para personas privadas de libertad, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Finalmente, también se recomendó que tanto el SPF como las autoridades sanitarias implementen instancias obligatorias de capacitación para el personal a su cargo en materia de derechos humanos, integridad personal, consentimiento informado y perspectiva de género, con especial énfasis en la atención y el trato a personas en contextos de encierro.
El objetivo de la Recomendación es poner fin a una práctica humillante y degradante que vulnera el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, al respeto por su intimidad e integridad física y a recibir una atención adecuada en materia de salud. Tal como ha sido reiterado en numerosas oportunidades, el sistema penal tiene un impacto diferencial sobre las mujeres, y con frecuencia recae sobre sus cuerpos con mayor severidad, como se evidencia en las prácticas que esta Recomendación busca visibilizar y erradicar.