26 de Noviembre, 2025.

En el marco de las atribuciones conferidas por las leyes N° 25.875 y N° 26.827, la Procuración Penitenciaria realizo una presentación ante la Dirección Nacional de Migraciones para que se evalúe la situación de una mujer trans de nacionalidad peruana, actualmente detenida en una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires, sobre quien pesa una orden de expulsión con prohibición de reingreso al país.

El organismo destacó la necesidad de que, al momento de resolver el recurso interpuesto por la Comisión para el Migrante de la DGN contra la disposición de expulsión, se contemplen las circunstancias particulares del caso y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos. Esto es especialmente relevante en lo relativo al derecho a la unidad familiar, el principio de no devolución y la protección de las personas LGBT+.

En la presentación se subraya que la mujer trans reside en Argentina desde hace más de una década, cuenta con residencia permanente y mantiene lazos familiares y de cuidado con personas que residen en el país. Su historia de vida está atravesada por experiencias de violencia y discriminación sufridas en su país de origen a causa de su identidad de género, sumadas a condiciones de vulnerabilidad económica y laboral que la llevaron, a los 26 años, a migrar hacia Argentina en busca de un entorno más seguro y respetuoso. Por ello, eligió radicarse en un país que reconoce y garantiza el derecho a la identidad, iniciando así un proceso de afirmación personal y social que culminó con la rectificación de su nombre y género en su Documento Nacional de Identidad. Este hecho constituyó un hito significativo en su trayectoria, en el marco de la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género. Además, se solicita que, al valorar su situación, se adopte una interpretación amplia y actual del concepto de familia, que contemple el rol que ella desempeña en las tareas de cuidado y acompañamiento hacia su padrastro, reconociendo dichas acciones como parte esencial de los vínculos familiares protegidos por el derecho al cuidado.

La Procuración también remarcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las medidas migratorias deben aplicarse con estricto respeto al debido proceso y a la dignidad humana, y que los Estados deben garantizar un equilibrio entre la potestad soberana de control migratorio y la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Asimismo, se expresó que una decisión de expulsión podría afectar de manera grave sus vínculos y generar consecuencias irreversibles en su vida personal y familiar.

Finalmente, el organismo solicitó que, antes de adoptar una resolución definitiva, se ponderen las circunstancias personales, familiares y de identidad de género de la persona involucrada, en consonancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y diversidad sexual.