19 de Febrero, 2026.

La Procuración Penitenciaria de la Nación elaboró y remitió a la Honorable Cámara de Diputados un documento técnico en el que analiza el proyecto PE-159/25 OD-699/25 CD-/26, actualmente en tratamiento legislativo, que propone excluir a las personas privadas de libertad del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo y modificar disposiciones de la Ley de Ejecución Penal. 

El trabajo en contextos de encierro no constituye un beneficio ni una concesión administrativa. La Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional reconocen la protección del trabajo en sus diversas formas y establecen que la ejecución de la pena debe orientarse a la reinserción social. En ese marco, el trabajo penitenciario cumple una función central: organiza la vida intramuros, favorece la convivencia, permite sostener vínculos familiares y contribuye a la preparación para la vida en libertad. 

En el documento presentado, la PPN sostiene que la exclusión general del régimen laboral común sin la adopción de una regulación específica equivalente plantea serias objeciones constitucionales. Asimismo, advierte que el proyecto se aparta de la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, que ha reconocido al trabajo penitenciario como una forma de trabajo humano protegida constitucionalmente, y que implicaría una reducción del nivel de tutela actualmente vigente.   

El análisis también señala inconsistencias normativas en el texto propuesto y subraya la necesidad de un debate amplio y técnicamente fundado cuando se trata de modificaciones que impactan sobre derechos económicos y sociales de personas en situación de especial vulnerabilidad.   

Junto con el documento completo, la Procuración elaboró un resumen ejecutivo destinado a facilitar la comprensión de los principales argumentos, con el objetivo de contribuir al debate público y legislativo de manera clara y responsable. 

La Procuración Penitenciaria de la Nación reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y con el impulso de políticas penitenciarias acordes al marco constitucional y la jurisprudencia vigente. Si bien en el ámbito federal el trabajo intramuros mantiene su carácter remunerado, el organismo advierte que aún persisten desigualdades en las jurisdicciones provinciales y subraya la necesidad de garantizar en todo el país la protección jurídica y la retribución laboral conforme a los estándares internacionales asumidos por el Estado argentino.