11 de Mayo, 2026.
Una expulsión anticipada por razones humanitarias permitiría el reencuentro de una madre venezolana detenida en Argentina con su hijo de 2 años, quien permanecía en Colombia al cuidado de sus abuelos paternos, personas mayores con problemas de salud.
En una visita de rutina a mediados de agosto de 2024 al Complejo Penitenciario Federal III de Güemes, la Delegación NOA relevó el caso de una mujer joven, de nacionalidad venezolana, viuda, madre de un niño de 2 años —de nacionalidad ecuatoriana y residente en Colombia— y su única cuidadora y principal sostén, de quien se encontraba separada. El niño, además, no había sido formalmente reconocido por su padre, fallecido en 2023.
La mujer había sido detenida el 14 de junio de 2024 en la provincia de Jujuy y, en agosto del mismo año, condenada a 4 años y 4 meses de prisión por un delito vinculado a la Ley de Drogas. El caso expone una situación frecuente en la que mujeres extranjeras en contextos de vulnerabilidad, únicas responsables de sus hijos son captadas para delitos de drogas, con un impacto penal que alcanza tanto a ellas como a sus familias, especialmente a niños y niñas a su cargo.
En la sentencia se incluyó la expulsión anticipada del país por razones humanitarias, en atención al interés superior del niño. Sin embargo, la medida se vio obstaculizada por múltiples dificultades, entre ellas problemas en la documentación, falta de representación consular venezolana, negativa de Colombia a recibirla en condición de expulsada y diversas trabas administrativas que impedían la ejecución de la medida dispuesta. En paralelo, el niño permanecía en Colombia al cuidado de sus abuelos paternos —de nacionalidad colombiana— personas mayores con problemas de salud, quienes manifestaron las dificultades para sostener su crianza y el impacto emocional que la separación generaba en el niño. Ante este panorama, atravesado tanto por obstáculos formales como por las necesidades concretas de un niño pequeño, de una madre separada de su hijo y de unos abuelos que ya no podían sostener su cuidado, desde el Área de Personas Extranjeras en Prisión se advirtió la necesidad de intervenir de manera urgente para encauzar el proceso y dar una respuesta adecuada a la situación de vulneración de derechos detectada.
Frente a este escenario, se desplegó una intervención sostenida en el tiempo, articulando con organismos nacionales e internacionales, áreas técnicas, defensorías públicas —incluida la defensa penal de la detenida en Jujuy— y representaciones diplomáticas. A lo largo del proceso, se llevaron adelante gestiones constantes orientadas a destrabar el trámite, promover la regularización de la documentación, impulsar el avance de las actuaciones migratorias y facilitar la comunicación entre las distintas autoridades intervinientes.
En julio de 2025, el caso fue presentado en el marco del Proyecto FO.AR con la República de Colombia, durante una visita a la PPN con participación de autoridades de la Defensoría del Pueblo de Colombia y representantes diplomáticos de ese país.
A partir de ese momento, la Defensoría Pública colombiana tomó intervención y, pocos días después, una defensora asumió el caso, dando continuidad al abordaje.
Entre otras acciones, se impulsó la obtención y regularización de la documentación necesaria, se promovieron instancias de coordinación internacional con distintos organismos y representaciones diplomáticas —incluyendo gestiones a través de Brasil ante la falta de representación consular en Argentina—, y se realizaron seguimientos permanentes ante autoridades judiciales y migratorias para favorecer el avance del trámite. Asimismo, se facilitó la articulación con la defensa pública en ambos países y se promovieron alternativas para superar los obstáculos administrativos que impedían avanzar. Se acompañó a la mujer en cada etapa del proceso, incluso frente a demoras reiteradas y falta de respuestas institucionales, brindándole además contención mediante la intervención del Equipo de Salud Mental de la PPN.
En paralelo, se iniciaron gestiones en Colombia para resolver la situación filiatoria del niño. En ese marco, en Colombia se realizó un análisis de ADN que arrojó resultado positivo respecto del vínculo entre el niño y su abuelo paterno, lo que permitió avanzar en la presentación de la correspondiente demanda de filiación, actualmente en trámite.
Tras meses de trabajo articulado, en abril de 2026 se logró finalmente concretar primero el traslado de la detenida a un establecimiento en AMBA y posteriormente su expulsión a Venezuela, lo que permitirá avanzar hacia la reunificación familiar en Colombia. Este resultado fue posible a partir de un proceso sostenido de articulación interinstitucional y de impulso de las distintas gestiones necesarias, con especial atención al interés superior del niño.
El caso pone de relieve la importancia de adoptar respuestas proactivas frente a situaciones de especial vulnerabilidad y destaca el valor del trabajo interdisciplinario de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que integra distintas áreas para abordar de manera integral problemáticas complejas. Asimismo, evidencia el rol clave de los organismos de control en la promoción de acciones que permitan superar obstáculos que, de otro modo, prolongan injustificadamente la separación familiar.