30 de Junio, 2026.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Procuración Penitenciaria de la Nación participó de un encuentro virtual trinacional para intercambiar metodologías de visitas, el estado de las cárceles regionales y el seguimiento de recomendaciones.

El 26 de junio de 2026, la Procuración Penitenciaria de la Nación participó del Conversatorio Virtual "Visitas a Centros Penitenciarios y Seguimiento de las Recomendaciones de los, Argentina y Bolivia", organizado conjuntamente por los órganos de prevención de los tres países. El encuentro conmemoró la declaración de esta fecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997 (Resolución 52/149), orientada a la erradicación total de estos flagelos y a la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La actividad reunió a representantes de alto nivel de las tres instituciones. Por la PPN asistieron el procurador penitenciario adjunto, Ariel Cejas Meliare; el director general de Protección de Derechos Humanos, Sebastián Pereiro; y la directora de Cooperación y Asuntos Internacionales, Mariana Sheehan. Por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de Bolivia estuvo presente su jefe, Marco Loayza, quien ofició como anfitrión. El Comité para la Prevención de la Tortura de Chile (CPT Chile) fue representado por Daniel Soto Muñoz, experto en Derechos Humanos y Función Policial, y Estrella San Martín Toloza, integrante del área penitenciaria. El evento contó asimismo con un mensaje de bienvenida del Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Pedro Callisaya Aro, quien participó mediante un mensaje audiovisual previamente grabado, en razón de encontrarse abocado a las tareas institucionales derivadas del estado de excepción vigente en su país.

En su intervención, Callisaya Aro destacó el rol de los mecanismos locales mediante las visitas periódicas a los lugares de detención, la identificación de factores de riesgo y la formulación de recomendaciones para fortalecer las garantías de las personas privadas de libertad. A su turno, Ariel Cejas Meliare subrayó la trayectoria argentina en la materia, que se remonta a los primeros jueces de ejecución penal en 1992, se consolida con la creación de la PPN por ley en 2003 y se ratifica al asumir las funciones de mecanismo nacional en 2012. El procurador adjunto destacó la importancia de estos espacios en tiempos que exigen unidad y un compromiso renovado con los derechos de las personas bajo custodia estatal.

Durante el bloque técnico, cada delegación expuso sus metodologías de trabajo. La directora Mariana Sheehan presentó la estructura y el alcance operativo de la PPN, que supervisa 31 establecimientos penitenciarios federales, comisarías, alcaidías e instalaciones de fuerzas de seguridad a través de su red de delegaciones regionales. Detalló los ocho ejes temáticos prioritarios que organizan la labor institucional (entre ellos, tortura y malos tratos, fallecimientos en prisión, aislamiento y sobrepoblación) y compartió datos estadísticos extraídos del informe anual 2025, que registró 332 casos documentados de tortura, 48 muertes bajo custodia y más de 20.000 reclamos gestionados.

Por su parte, Marco Loayza expuso la situación de los centros penitenciarios bolivianos, caracterizados por un severo hacinamiento (con 33.000 internos en espacios aptos para 15.000) y la complejidad de los sistemas de autogobierno interno. Describió la tipología de inspecciones del MNPT (integrales, de seguimiento, temáticas y reactivas) y destacó la implementación de encuestas anónimas a la población reclusa como una herramienta clave para asegurar la fiabilidad de la información recabada.

A su vez, los representantes del CPT Chile compartieron su modelo de seguimiento de recomendaciones, fundamentado en un protocolo de diálogo constructivo con las contrapartes estatales. Mediante el análisis de una inspección realizada en un centro penitenciario femenino de la región del Maule, ilustraron cómo la activación de mesas de trabajo locales, el diseño de matrices con plazos definidos y una estrategia comunicacional enfocada en visibilizar las buenas prácticas permitieron alcanzar mejoras concretas, incluso frente a restricciones presupuestarias.

El encuentro concluyó con un balance a cargo del mecanismo chileno, en el cual se identificaron áreas para la cooperación técnica, tales como el intercambio de indicadores, formularios y guías de inspección. Finalmente, los tres organismos acordaron institucionalizar este espacio mediante reuniones virtuales mensuales para abordar problemáticas específicas, entre ellas la violencia de género en entornos de encierro, la situación de pueblos indígenas en prisión, el uso de la fuerza y la atención a colectivos vulnerables.

Con este encuentro, la PPN reafirma su compromiso con la cooperación regional como pilar central para elevar los estándares de protección de los derechos humanos, en consonancia con las facultades otorgadas por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.