11  de octubre, 2013.

En el marco de una acción de hábeas corpus  interpuesta por el Ministerio Público Fiscal frente a la reiteradamente denunciada situación de la Unidad 28 del SPF, la jueza nacional Yamile Berman ordenó una serie de medidas de inmediato cumplimiento relativas a la higiene y salubridad de la Unidad y dispuso la conformación de una mesa de trabajo interdisciplinaria integrada por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Procuvin, y el Servicio Penitenciario Federal, a los fines de establecer, a mediano plazo, el cupo adecuado de la Unidad 28, desde una perspectiva que incluya el espacio físico, los medios de traslado y los recursos humanos disponibles.

Los integrantes de la mesa podrán convocar a otros funcionarios u organismos y deberán informar cada dos meses de los avances y elevar el resultado de su gestión en un plazo no mayor a los seis meses.  La justicia dispuso, asimismo, que el trabajo ordenado debe partir de la evaluación de la disposición penitenciaria actualmente vigente sobre cupo, y que en los hechos, de todos modos, es superada de modo recurrente tal como la PPN ha denunciado y la acción de hábeas corpus acreditó.

La ampliación del control judicial sobre la capacidad de un establecimiento penal es un aporte valioso para intentar asegurar un sistema de encierro menos violento y resulta significativo que no solo el espacio físico, sino la aptitud funcional de un mecanismo penal sea evaluada en su totalidad. En este sentido, la Procuración colaborará activamente en busca de una solución. Desde hace años la PPN ha hecho reiteradas inspecciones a la Alcaidía Judicial  y más recientemente ha remitido al Congreso de la Nación un proyecto de "Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación”. La participación en la mesa de trabajo se inscribe en esas estrategias de trabajo institucional ya establecidas.